ASF suma informantes al caso Taddei y abre una ruta inédita de fiscalización

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que colabora con informantes que entregan pruebas —fotografías, videos, mensajes de WhatsApp, testimonios, documentos e información financiera— para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ligadas a Guadalupe Taddei. El organismo precisó que las personas buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que es la primera vez en su historia que recurre a esta vía.

El dato no es menor: la ASF deja de depender exclusivamente de la auditoría documental y suma testimonio humano con incentivo legal para obtener pruebas sobre cómo habrían operado las contrataciones de organismos electorales durante varios años. Según el organismo, los informantes conocen la mecánica de esas irregularidades y han aportado nombres y alias de personas presuntamente involucradas, además de datos financieros y domicilios.

La investigación, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, apunta a que los beneficiarios finales de empresas señaladas de un presunto duopolio en el INE habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. El expediente se centra en contratos millonarios y en los posibles vínculos entre personas cercanas a la expresidenta del INE y algunas empresas proveedoras, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf.

El caso también pone bajo escrutinio al Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Los cuestionamientos alcanzan a su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, por si conocía las denuncias y si actuó para investigarlas, lo que desplaza la discusión del terreno de las contrataciones al de la vigilancia interna del propio árbitro electoral.

La lectura política

El movimiento de la ASF cambia el equilibrio entre los actores del caso. El organismo fiscalizador gana margen de maniobra al incorporar una herramienta que hasta ahora no había utilizado y que le permite construir versiones de los hechos con pruebas que no dependen de la cooperación de las áreas auditadas. Para los informantes, el incentivo es claro: reducir sanciones a cambio de información relevante, un mecanismo que la ley contempla pero que en la práctica exige corroboración independiente.

Quien pierde margen son las personas y empresas señaladas, que enfrentan un expediente que ya no se limita a documentos contables. También queda expuesto el OIC del INE: si la investigación avanza sobre la selección de proveedores y requisitos técnicos, la pregunta sobre qué hizo el órgano de control interno se vuelve inevitable. La expresidenta Taddei no ha sido señalada penalmente en la evidencia disponible y el expediente es administrativo; la ASF no ha anunciado sanciones ni imputaciones formales.

Institucionalmente, el precedente es relevante: la ASF estrena una práctica de colaboración con informantes que puede replicarse en otros expedientes de contrataciones públicas, lo que amplía su capacidad de investigación pero también plantea preguntas sobre la protección de quienes aportan pruebas y sobre la calidad de la evidencia entregada.

Qué sigue

La ASF debe corroborar el material aportado por los informantes y determinar si sostiene observaciones formales en la Cuenta Pública. El OIC del INE tendrá que explicar si investigó las denuncias sobre contrataciones y por qué. Y el Congreso, que nombra y evalúa a los titulares de los órganos de control, enfrenta la pregunta sobre la supervisión del árbitro electoral. Falta conocer el alcance temporal de la pesquisa y si la ASF presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, como ha hecho en otros casos.