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Bloqueo del PJF en Acapulco presiona al Órgano de Administración Judicial

Trabajadores de la Sección 04 exigen que la evaluación de diciembre sea diagnóstica y no punitiva, y advierten que no la aplicarán sin garantías. El conflicto mide la capacidad del nuevo órgano para imponer su primer proceso de carrera judicial.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre justicia y tribunales
Ilustración editorial de Ruido Cero.
EN 30 SEGUNDOS

Trabajadores del PJF bloquearon por tercera vez el bulevar Las Naciones en Acapulco para exigir que se deje sin efectos el acuerdo del 5 de noviembre que regula la evaluación del personal de carrera judicial. La Sección 04 del sindicato advierte que nadie aplicará las evaluaciones de diciembre sin garantías de que serán diagnósticas y no punitivas. El Órgano de Administración Judicial modificó el

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon por tercera ocasión el bulevar Las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, para exigir que se deje sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre que regula el proceso de evaluación del personal de carrera judicial. La protesta, que duró casi cinco horas, es la primera prueba de calle para el Órgano de Administración Judicial en su intento de ordenar la evaluación de secretarios de Tribunal y de Juzgado, actuarios, oficiales judiciales y otras categorías.

El conflicto no es sobre si evaluar, sino sobre para qué sirve la evaluación: los trabajadores aceptan ser evaluados y capacitados, pero rechazan que el mecanismo incluya criterios que consideran discrecionales y pueda usarse para afectar plazas obtenidas por concurso de oposición, cursos de especialización y años de servicio.

Antes del bloqueo, la secretaria general del Comité Ejecutivo Local de la Sección 04 del Sindicato de Trabajadores del PJF, Mariela Jaramillo Pineda, exigió que el Órgano respete el compromiso de que el proceso tenga carácter diagnóstico y no punitivo. “Mientras no haya garantía de esto, ningún trabajador del Poder Judicial de la Federación realizará las evaluaciones programadas con tanta prisa para este diciembre y aquí estaremos en pie de lucha, sin dar un paso atrás”, advirtió.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece un proceso obligatorio y precisa que la evaluación de 2026 tendrá carácter diagnóstico, sin consecuencias individuales en materia de permanencia o separación. Sin embargo, el propio documento señala que el esquema ordinario previsto para etapas posteriores sí forma parte de los mecanismos considerados para decisiones sobre permanencia dentro de la carrera judicial. Esa diferencia entre el discurso y el diseño es la que alimenta la desconfianza.

Los inconformes no consideran resuelto el conflicto porque el Órgano modificó el acuerdo para reducir del 40 al 20 por ciento el peso del puntaje de los titulares, pero insisten en que cualquier cambio debe publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. Un trabajador señaló que mantendrán las protestas mientras las modificaciones no sean publicadas. La exigencia de formalidad no es menor: sin publicación, los trabajadores no tienen certeza jurídica de que el cambio exista y prevalezca.

La lectura política

El episodio mide el margen de maniobra del Órgano de Administración Judicial. Su primer proceso de evaluación de personal de carrera judicial enfrenta una resistencia organizada que no cuestiona la evaluación en abstracto, sino la discrecionalidad del instrumento y la premura del calendario. La Sección 04 gana visibilidad y capacidad de negociación al mantener el bloqueo como palanca, pero pierde margen si la protesta se agota sin una respuesta formal publicada.

El Órgano enfrenta un dilema institucional: si cede y publica modificaciones, fortalece la legitimidad del proceso pero debilita la señal de autoridad; si no cede, arriesga que la evaluación de diciembre no se aplique y que el conflicto escale a otras secciones del PJF.

El costo político recae en la percepción de que la evaluación puede convertirse en un instrumento de control sobre plazas ganadas por concurso. La demanda de carácter diagnóstico no es una concesión menor: toca el diseño mismo de la carrera judicial y el tipo de consecuencias que tendrán las evaluaciones futuras.

Qué sigue

El primer paso verificable es la publicación oficial de las modificaciones al acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Sin ese acto, la Sección 04 mantendrá la protesta y la evaluación de diciembre quedará en suspenso. El segundo es que el Órgano precise por escrito qué criterios son discrecionales y cómo se garantiza que el proceso de 2026 no afecte permanencias. Si ninguna de las dos condiciones se cumple, el conflicto puede extenderse a otras secciones sindicales y convertir la evaluación de carrera judicial en un frente abierto para el PJF.