Bullrich apura el dictamen por ludopatía infantil y traslada la decisión a Milei

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, prevé convocar las comisiones para dictaminar el proyecto contra la ludopatía infantil antes de que cierre el período ordinario, el 30 de noviembre. El movimiento tiene una consecuencia institucional precisa: si el Senado emite dictamen, la decisión sobre si el tema se discute en sesiones extraordinarias queda en manos del presidente Javier Milei. La jugada de Bullrich traslada al Presidente la responsabilidad de frenar o habilitar un proyecto con media sanción desde 2024 y con presión eclesiástica visible.

El texto prohíbe la publicidad y los patrocinios de casas de apuestas, la inserción de marcas en camisetas deportivas y eventos, y el uso de bonos de bienvenida. Obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024 con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces, el Senado no lo trató. La presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, lo giró a tres comisiones —Salud, Legislación General y Asuntos Constitucionales—, un paso administrativo que, en los hechos, no fijó agenda.

La lectura política

Bullrich vuelve a tensar la cuerda con la Casa Rosada al fijar un calendario que el Poder Ejecutivo no controla. La jefa de bloque no necesita al Presidente para dictaminar: le basta con convocar las comisiones que integran el proyecto. Ese gesto cambia el mapa de responsabilidades. Hasta ahora, la demora podía atribuirse a la inacción del Senado o al lobby de las casas de apuestas. Con un dictamen antes de fin de mes, el costo de no tratarlo se desplaza al Ejecutivo, que deberá decidir si incluye el tema en extraordinarias o deja que el proyecto pierda estado parlamentario.

El antecedente inmediato de Bullrich refuerza la lectura de un oficialismo que usa la agenda parlamentaria como herramienta de negociación interna. La senadora confirmó que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad, con sesión prevista para el 19 de noviembre, tras un acuerdo para eliminar recortes cuestionados del presupuesto. En ambos casos, la lógica es similar: el bloque oficialista fija fechas y obliga al Ejecutivo a pronunciarse sobre temas que no figuran entre sus prioridades declaradas.

La Iglesia Católica instaló el tema en la agenda en las semanas previas a la llegada del papa León XIV al país. La Conferencia Episcopal Argentina y la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia advirtieron sobre "una auténtica tormenta perfecta" donde convergen la hiperconectividad temprana, la naturalización del dinero abstracto en billeteras virtuales y una campaña de publicidad y patrocinios agresiva. La presión eclesiástica no obliga al Senado, pero le da cobertura pública a quienes quieren avanzar.

Bullrich y Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anticiparon el tratamiento en redes sociales. "La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos", escribió Bullrich en X. "Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites". Coto, por su parte, calificó la adicción al juego como "un flagelo que destruye familias" y a la ludopatía infantil como "su versión más aberrante".

Quien gana margen es Bullrich, que se posiciona como quien destraba un tema de agenda social sin quedar atada a la decisión final. Quien pierde margen es Milei, que deberá elegir entre habilitar la discusión en extraordinarias o cargar con el costo de dejar caer un proyecto contra la ludopatía infantil. También pierde margen Villarruel, cuya conducción del Senado queda expuesta: el proyecto estuvo girado a comisiones durante dos años sin dictamen.

Qué sigue

Si las comisiones se convocan y emiten dictamen antes del 30 de noviembre, el proyecto queda en condiciones de ser tratado. La pelota pasa al Ejecutivo, que define el temario de las sesiones extraordinarias. Si no hay dictamen antes de esa fecha, el proyecto no pierde estado parlamentario automáticamente, pero la decisión vuelve a diluirse en la interna oficialista.

El elemento que falta para una lectura más precisa es la posición pública del Presidente sobre el proyecto. La evidencia disponible no permite afirmar si Milei quiere habilitarlo, frenarlo o dejarlo caer. Tampoco permite saber si el dictamen de comisiones tiene los votos suficientes para sostener un tratamiento en el recinto. Lo que sí está claro es que Bullrich fijó un plazo y que, a partir de ahora, la demora tendrá un responsable con nombre propio.