Cuatro juzgados federales siguen parados en Cancún pese al acuerdo laboral

La actividad judicial federal en Cancún no terminó de normalizarse. Este lunes 9 de noviembre de 2026, cuatro órganos jurisdiccionales de la sede quintanarroense del Poder Judicial de la Federación (PJF) permanecieron sin operaciones, pese a que el conflicto interno que había alterado el funcionamiento de la institución ya fue resuelto mediante un acuerdo entre autoridades y representaciones sindicales.

Los juzgados Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno de Distrito, todos con residencia en Cancún, no registraron publicaciones de actuaciones en sus listas de acuerdos, según la revisión de esas listas correspondiente a la fecha. El dato no es menor: la lista de acuerdos es el mecanismo formal por el que los tribunales comunican sus determinaciones y dan cauce a los procedimientos. Su ausencia implica que, en esos cuatro órganos, la actividad ordinaria no se reanudó.

El contraste es directo con el anuncio institucional de que este lunes todos los tribunales y juzgados federales retomarían sus funciones ordinarias. La reanudación no fue simultánea ni uniforme. El pacto laboral eliminó las sanciones derivadas de la evaluación de desempeño y abrió mesas permanentes de trabajo, pero no bastó para restablecer de inmediato la operación en todos los órganos del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Quintana Roo.

El desfase entre el acuerdo y la operación

El conflicto que detuvo la actividad judicial en Cancún tuvo origen en los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño laboral, que generaron protestas y paros de trabajadores la semana previa. El entendimiento alcanzado modificó las disposiciones cuestionadas, descartó que las evaluaciones pudieran derivar en sanciones o separaciones del cargo y estableció mesas de trabajo para atender las demandas de la base trabajadora.

Ese acuerdo opera en el plano institucional. La operación de los juzgados, en cambio, depende de condiciones materiales y administrativas que no se restablecen por decreto. La persistencia de cuatro juzgados sin publicaciones sugiere que los rezagos operativos acumulados durante el paro no se resolvieron con la firma del convenio, aunque la evidencia disponible no permite determinar las causas específicas de cada órgano ni si se trata de una reanudación escalonada, de pendientes administrativos o de otra índole.

Los juzgados afectados tienen a su cargo asuntos federales, entre ellos juicios de amparo y otros procedimientos de su competencia. La interrupción de sus publicaciones no cancela plazos por sí misma, pero sí condiciona el flujo ordinario de los expedientes y la comunicación de las determinaciones judiciales a las partes.

La lectura política

El episodio deja una lección institucional incómoda para el PJF: la resolución formal de un conflicto laboral no equivale a la normalización operativa de sus órganos jurisdiccionales. El acuerdo sindical cerró la dimensión del conflicto vinculada a las evaluaciones y las sanciones, pero la capacidad de los tribunales para volver a operar quedó expuesta como un asunto distinto, con su propia temporalidad.

Quien gana margen es la representación sindical, que obtuvo la modificación de los lineamientos y la eliminación de sanciones, y que ahora puede exhibir que el conflicto no se agotaba en la firma del convenio. Quien pierde margen es la conducción del PJF en el circuito: el anuncio de reanudación generalizada no se cumplió en al menos cuatro órganos, y esa brecha entre lo anunciado y lo observado en las listas de acuerdos es verificable públicamente.

También queda expuesta la posición de los órganos jurisdiccionales frente a los justiciables. La opacidad sobre las razones por las que cuatro juzgados no publicaron actuaciones impide distinguir entre una reanudación escalonada y un rezago que se prolonga, y esa falta de información es, en sí misma, un costo institucional.

Qué sigue

El paso inmediato es verificar si los juzgados Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno de Distrito reanudan publicaciones en los días subsecuentes y si el resto de los órganos del Vigésimo Séptimo Circuito opera con normalidad. La evidencia disponible no permite anticipar el plazo.

El PJF enfrenta la tarea de explicar públicamente por qué la reanudación no fue uniforme y de restablecer la operación ordinaria en los órganos que siguen sin publicar actuaciones. Las mesas permanentes de trabajo acordadas con las representaciones sindicales son el espacio donde podría abordarse la dimensión operativa del rezago, aunque el acuerdo, tal como se describe, se centró en las evaluaciones y las sanciones.

Para los justiciables de Cancún, la pregunta abierta es cuándo sus asuntos recuperarán el cauce ordinario. Para el PJF, la pregunta es si el acuerdo laboral se traducirá en normalización efectiva o si el desfase entre lo pactado y lo operado se convertirá en un patrón que erosione la confianza en la institución.