Díaz Reyes cambia un exhorto por iniciativa federal sobre discapacidad

La legisladora Díaz Reyes presentó una propuesta para que las personas con discapacidad accedan a recursos federales sin necesidad de un convenio firmado con el Estado de Chihuahua, con lo que busca transformar un exhorto previo en una iniciativa legislativa de mayor alcance. El movimiento no es menor: desplaza la presión política de una solicitud formal a la gobernadora hacia un diseño jurídico que aspira a operar más allá de Chihuahua.

La propuesta busca que la Federación entregue su aportación aun cuando no exista convenio firmado con el estado, sin renunciar a la parte estatal. Según la legisladora, después de cinco años sin concretarse este esquema de apoyo en Chihuahua resulta necesario explorar alternativas para que las personas beneficiarias accedan, cuando menos, a los recursos federales contemplados para el programa.

El antecedente inmediato es el exhorto que el Congreso del Estado aprobó el 27 de octubre, dirigido a la gobernadora para solicitar la firma del convenio y la asignación de los recursos estatales correspondientes. La nueva propuesta, planteada ante el Gobierno Federal, buscaba complementar aquella exigencia. La decisión de retirar temporalmente el exhorto, precisó Díaz Reyes, respondió a la intención de fortalecer su alcance jurídico y transformarlo, en coordinación con las asociaciones, en una iniciativa legislativa.

El retiro temporal del exhorto no equivale a abandonar la demanda, pero sí reabre el calendario de una causa que lleva años sin respuesta. “No estamos retirando una causa ni renunciando a un derecho. Estamos trabajando para construir una propuesta más sólida, que responda a lo que las propias personas con discapacidad nos han solicitado. Mi responsabilidad es escuchar sus voces y llevarlas al Congreso”, expresó la legisladora.

Díaz Reyes lamentó que una demanda social tan sensible se convierta en motivo de confrontación política y reiteró su disposición al diálogo con todas las fuerzas representadas en el Congreso. Destacó que las personas con discapacidad llevan años esperando respuestas y merecen que las instituciones encuentren soluciones, en lugar de prolongar las diferencias.

La lectura política

Quien gana margen es la legisladora, que pasa de exigir la firma de un convenio a proponer un cambio de regla; quien pierde margen es el Ejecutivo estatal, que deja de ser el único destinatario de la presión. El exhorto aprobado el 27 de octubre colocaba la pelota en la cancha de la gobernadora. La nueva iniciativa la mueve también hacia el Gobierno Federal y hacia el Congreso, donde la negociación con las asociaciones y las demás fuerzas políticas será determinante.

Institucionalmente, el cambio importa porque una iniciativa legislativa tiene mayor permanencia que un exhorto: no se agota en una respuesta del Ejecutivo, sino que puede modificar el marco que regula la entrega de recursos. Sin embargo, la evidencia disponible no permite afirmar que la propuesta ya cuente con respaldo suficiente ni que el Gobierno Federal haya aceptado analizar la vía sin convenio. Ese es, precisamente, el elemento que falta para sostener una lectura más contundente.

La legisladora también se protege de la confrontación partidista al insistir en que la causa no debe ser botín de reconocimiento político. “Aquí no se trata de quién presenta primero una propuesta ni de qué partido obtiene reconocimiento. Se trata de que los apoyos lleguen a quienes los necesitan. Ya solicitamos al Estado que cumpla su parte; ahora queremos explorar una vía para que la Federación también pueda aportar los recursos que le corresponden”, puntualizó.

Qué sigue

El primer paso es que la iniciativa legislativa se presente formalmente y se discuta en el Congreso, en coordinación con las asociaciones de personas con discapacidad. Después deberá definirse si la propuesta se limita a Chihuahua o si busca un alcance nacional, como sugiere el propio planteamiento de abordar la problemática más allá del estado. También queda pendiente la respuesta del Gobierno Federal sobre la posibilidad de entregar su aportación sin convenio firmado, y la del Ejecutivo estatal sobre los recursos que le corresponden. Sin esos dos elementos, la iniciativa puede quedarse en un gesto político sin efecto práctico para los beneficiarios.