POLÍTICA · MEDIUM
Dirigente de Morena en SLP exige fiscal anticorrupción autónomo y reprueba designación
Rita Ozalia Rodríguez Velázquez cuestionó el procedimiento que eligió a Benjamín Pérez Álvarez y advirtió que la fiscalía no debe proteger al poder. La votación ocurrió sin la mayoría de los diputados de su propio partido.
La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, exigió autonomía para el nuevo fiscal anticorrupción y reprobó el procedimiento de designación, incluido el conteo de votos y los conflictos de interés del titular. Cinco de los seis diputados de Morena no participaron en la votación. El episodio expone la distancia entre el discurso anticorrupción del partido y su
La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, exigió la autonomía del nuevo fiscal anticorrupción y reprobó el procedimiento con el que la bancada de su propio partido designó a Benjamín Pérez Álvarez, al alegar irregularidades en la votación y conflictos de interés. La exigencia no provino de la oposición, sino de la estructura partidista que gobierna el estado, lo que convierte el episodio en una prueba pública de coherencia entre el discurso anticorrupción y la conducta legislativa.
Rodríguez Velázquez sostuvo que la fiscalía anticorrupción no debe convertirse en un espacio de compromiso político, sino en una institución capaz de investigar a cualquier servidor público sin importar su cargo o relaciones. En un video enviado a medios, la dirigente planteó que la corrupción no se combate protegiendo al poder, sino investigándolo, y advirtió que la lucha contra ese fenómeno no puede quedarse en discurso.
El señalamiento adquiere peso porque el nuevo fiscal, Pérez Álvarez, ocupó dos responsabilidades dentro de estructuras gubernamentales, según recordó la propia dirigente. De ahí su pregunta sobre cómo se garantizará su verdadera independencia cuando llegue el momento de investigar a quienes fueron sus superiores o colegas. Rodríguez Velázquez aclaró que no formula acusaciones personales, sino que exige garantías de autonomía, transparencia y capacidad para desempeñar una responsabilidad de ese tamaño.
La crítica se extiende al procedimiento: la votación se realizó a las 9 de la mañana, sin discusión pública suficiente y con dudas sobre el conteo de votos. La dirigente afirmó que su partido tenía conocimiento de 17 sufragios, mientras la versión oficial sostiene 18, y que existe al menos un voto nulo adicional. Ese diferendo numérico no es un detalle técnico menor: en una designación de este tipo, la aritmética legislativa define la legitimidad del nombramiento y la viabilidad política de cualquier impugnación.
El dato más incómodo para Morena es la ausencia de cinco de sus seis diputados locales en la votación. El coordinador de la bancada, Roberto García Castillo, anuló su voto; Emilio Rosas Montiel llegó después de que se había votado, y el resto se presentó mucho más tarde a la sesión. Esa dispersión legislativa contrasta con la exigencia pública de la dirigencia estatal y deja a Morena en una posición difícil: reclama autonomía para una fiscalía que sus propios legisladores contribuyeron a designar en esas condiciones.
La lectura política
El episodio desplaza el conflicto del terreno de los principios al de la operación legislativa. La dirigencia estatal gana visibilidad y margen para exigir transparencia, pero pierde capacidad de presentarse como un bloque cohesionado. Los diputados de Morena, en particular su coordinador, quedan expuestos a la pregunta de por qué no sostuvieron con votos la posición que la dirigente defiende en video. La oposición local, en tanto, obtiene un argumento verificable sobre la distancia entre el discurso y la práctica del partido gobernante.
Institucionalmente, el nombramiento de Pérez Álvarez queda marcado por una duda de origen que no se resuelve con declaraciones. La fiscalía anticorrupción nace con un cuestionamiento sobre su independencia y con un diferendo sobre el conteo de votos que podría alimentar recursos, revisiones o exigencias de aclaración pública. Si el procedimiento no se aclara, el nuevo fiscal cargará con una sombra de legitimidad que limitará su capacidad de investigar casos sensibles sin que cada expediente sea leído en clave política.
Qué sigue
La dirigente anunció que Morena continuará exigiendo transparencia y rendición de cuentas, pero no precisó mecanismos concretos. Lo que debe ocurrir después es verificable: aclarar el conteo de votos y el estatus del sufragio anulado, explicar públicamente el procedimiento de designación y establecer garantías creíbles de autonomía para el fiscal. También corresponde a los diputados de Morena explicar su ausencia y su voto. Sin esos elementos, la exigencia de autonomía quedará como declaración, no como decisión pública.