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Docentes cortan la PY01 y exigen a Alliana recuperar fondos del IPS y la Caja Fiscal

El sindicalista Claudio Ayala y educadores de Paraguarí repudiaron a Santiago Peña y reclamaron cárcel por la estafa de ueno bank. La protesta se levantó tras cinco horas, cuando el Ejecutivo pidió frenar el Presupuesto 2027 en Diputados.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre sistema penitenciario
Ilustración editorial de Ruido Cero.
EN 30 SEGUNDOS

Docentes de Paraguarí cerraron intermitentemente la ruta PY01 en Carapeguá para repudiar a Santiago Peña y exigir a Pedro Alliana la devolución de 60 millones de dólares de la Caja Fiscal y 355 millones del IPS, además de cárcel por la estafa de ueno bank. La medida se levantó tras cinco horas, luego de que Alliana pidiera a Diputados suspender el tratamiento del Presupuesto 2027.

Docentes del departamento de Paraguarí cerraron de forma intermitente la ruta PY01, en el kilómetro 87, a la altura de Carapeguá, para repudiar al expresidente Santiago Peña y exigir al nuevo gobierno de Pedro Alliana que garantice la recuperación de los fondos de la Caja Fiscal y del Instituto de Previsión Social (IPS). La protesta, realizada este lunes en el marco de la Movilización Nacional, incluyó consignas contra Peña por la estafa de ueno bank y el pedido de cárcel para los involucrados. La medida de fuerza duró cinco horas y se levantó después de que Alliana solicitara a la Cámara de Diputados suspender el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027.

El sindicalista Claudio Ayala sostuvo que los 80.000 docentes del país "rechazan rotundamente" a Peña y afirmó que debe responder ante la Justicia. Ayala calificó a Peña como "este personaje" ladrón que "viene a robarnos descaradamente" y pone en peligro las jubilaciones, el salario de los jubilados y los ahorros de millones de ciudadanos. El dirigente también cuestionó al Banco Central del Paraguay, a la Fiscalía y a legisladores que, según dijo, estaban al tanto de lo ocurrido y no alzaron la voz en favor de los educadores y del pueblo.

Por su parte, Juan Carlos Cáceres, presidente de la Asociación de Educadores de Carapeguá, agremiada a la FEP, precisó el reclamo: el sector docente exige la garantía y la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal y de los 355 millones de dólares del IPS, además de otros fondos afectados. Los manifestantes también pidieron agilizar la desvinculación de los docentes que ya cuentan con resolución de jubilación y garantizar el reajuste salarial del 8% previsto.

La protesta se realizó con cierre intermitente de la ruta y custodia de efectivos policiales de la comisaría local y de comunidades aledañas. No se reportaron incidentes en el marco de la movilización, que se desarrolló sin que la evidencia disponible permita confirmar detenciones ni heridos.

La lectura política

El episodio muestra que la transición de Peña a Alliana no cerró la crisis abierta por la estafa de ueno bank y el uso de fondos previsionales. Los docentes trasladaron el conflicto desde la figura del expresidente hacia la capacidad del nuevo gobierno para recuperar recursos y castigar a los responsables. Ese desplazamiento tiene una consecuencia institucional concreta: Alliana queda obligado a demostrar resultados en la recuperación de fondos, no solo a tomar distancia de su antecesor.

El pedido de suspensión del Presupuesto 2027 en Diputados, formulado por el Ejecutivo mientras la protesta se desarrollaba, sugiere que el gobierno busca evitar que el tratamiento parlamentario se convierta en un nuevo frente de conflicto con los gremios docentes. La medida de fuerza se levantó después de ese gesto, lo que indica que los docentes leyeron la señal como una apertura, aunque el reclamo de fondo sigue sin respuesta.

Quien gana margen es el sindicalismo docente, que logró que el Ejecutivo moviera una pieza parlamentaria en horas. Quien pierde margen es el oficialismo en Diputados, que ve interrumpida la agenda presupuestaria por una protesta social. La oposición, en tanto, no aparece en la evidencia disponible como actor relevante de esta disputa.

El costo político para Peña es explícito: los docentes lo acusan de poner en riesgo las jubilaciones y lo vinculan con la estafa. Para Alliana, el riesgo es distinto: hereda la crisis y debe resolverla sin que la sombra de su antecesor lo paralice. La evidencia no permite afirmar que Alliana tenga un plan de recuperación de fondos en marcha; solo consta el pedido de suspensión del Presupuesto.

Qué sigue

La pelota queda en el Ejecutivo y en el Congreso. Alliana debe definir si impulsa una estrategia concreta para recuperar los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal y los 355 millones del IPS, y si esa estrategia incluye o no una articulación con los gremios docentes. El pedido de cárcel para los involucrados en la estafa de ueno bank depende de la Fiscalía y de los tribunales, instituciones que Ayala cuestionó públicamente.

En el plano legislativo, la suspensión del Presupuesto 2027 en Diputados abre un compás de espera. Los docentes reclaman que el presupuesto se cumpla sin modificaciones, lo que anticipa un nuevo punto de fricción si el tratamiento se reanuda con cambios. También queda pendiente la agilización de las jubilaciones docentes y el reajuste del 8%, dos demandas que no dependen de la recuperación de fondos pero que forman parte del mismo pliego.

El antecedente inmediato es la destitución de Peña mediante juicio político el viernes 6 de noviembre. La protesta de Carapeguá confirma que la crisis política no se agotó en el Congreso y que las calles siguen siendo un escenario de presión sobre el nuevo gobierno.