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La SCJN afronta una contradicción constitucional sobre su presidencia
El artículo 94 ordena renovarla cada dos años según los votos; el artículo 97 fija cuatro años sin reelección inmediata. El Pleno no se ha posicionado formalmente sobre cuál aplicar.
La SCJN enfrenta una antinomia constitucional sobre la presidencia: el artículo 94 la renueva cada dos años según votos obtenidos, mientras el artículo 97 fija un periodo de cuatro años sin reelección inmediata. El Pleno no se ha pronunciado formalmente. La discusión se mezcló con un intercambio entre Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz, y el criterio cronológico podría favorecer la rotación de 2024
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una contradicción constitucional sobre la presidencia y su rotación: el artículo 94 ordena renovarla cada dos años según la votación obtenida en la elección, mientras el artículo 97 fija un periodo de cuatro años sin reelección inmediata. El Pleno no se ha posicionado formalmente sobre cuál de las dos disposiciones aplicará, y esa indefinición ya condiciona el debate interno mientras el cambio de presidencia está previsto para el próximo año.
El artículo 94 establece que la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. El artículo 97 contiene una regla distinta: cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. La coexistencia de ambas reglas configura una posible antinomia constitucional, definida por el Semanario Judicial de la Federación como la situación en la que dos normas del mismo sistema jurídico, vigentes en los mismos ámbitos, atribuyen consecuencias incompatibles a un mismo supuesto.
Los resultados finales del INE colocan a Hugo Aguilar Ortiz con 5 millones 900 mil 789 votos, seguido de Lenia Batres Guadarrama con 5 millones 534 mil 681, Yasmín Esquivel Mossa con 4 millones 985 mil 925 y Loretta Ortiz Ahlf con 4 millones 736 mil 571. Bajo la lectura del artículo 94, ese orden sería determinante para definir la sucesión. El artículo 97, en cambio, remite la decisión al Pleno integrado por los propios ministros.
El episodio se trabó en la sesión del 9 de noviembre. Batres interrumpió al presidente Aguilar Ortiz durante una discusión sobre el plazo de un procedimiento y el uso de la palabra, después de que seis de los nueve integrantes del Pleno rechazaran sus argumentos. La ministra vinculó el debate con el cambio de presidencia de la SCJN previsto para el próximo año y afirmó que, a lo mejor, habrá que presentar proyectos hasta después de que se decida lo de la presidencia. No es un dato menor: el regateo por el uso de la palabra ocurre en el mismo tramo en que la Corte debe definir su regla de sucesión.
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Julia García González, sostuvo que el decreto de la reforma resuelve la controversia entre los dos artículos. El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 incluye artículos transitorios que ordenan aplicar sus disposiciones de forma literal y derogan las que se le opongan. La renovación de la presidencia cada dos años conforme al orden de votación corresponde a esa reforma.
La lectura política
El criterio cronológico, que da preferencia a la norma posterior, podría favorecer la rotación de 2024 según los votos obtenidos, lo que daría a Batres la mayor ventaja explícita: es la segunda más votada y la que más ha vinculado públicamente su futuro con el calendario. Pero la Corte no ha formalizado esa lectura y la decisión del Pleno sobre su propia presidencia es lo que está en juego.
Quien podría perder margen es Aguilar Ortiz: su posición máxima y más reciente en el cómputo de votos no define por sí sola la presidencia si el artículo 97 se aplica con su mandato de cuatro años y sin reelección inmediata. Y el Pleno no tiene previsto formalmente ningún mecanismo de desempate: antes de declarar una colisión normativa, según los criterios del propio tribunal, el juzgador debe intentar resolverla mediante interpretación jurídica, y si esa vía no funciona, aplican jerarquía, cronología o especialidad.
Lo que cambia institucionalmente es que la Corte debe construir su propio criterio de sucesión sin arbitraje externo explícito. La contradicción no es un tecnicismo: define quién puede presidir el tribunal y con qué mandato. La legitimidad de la decisión dependerá de que el Pleno la explique con argumentos verificables y no quede como resultado de una correlación de fuerzas.
Qué sigue
El Pleno debe posicionarse formalmente sobre el artículo aplicable antes de que se resuelva la presidencia. Los criterios de interpretación jurídica son el primer paso obligado; solo si la contradicción no se elimina procede aplicar jerarquía, cronología o especialidad. Con el decreto de 2024 y su regla de literalidad, el escenario más probable es que la rotación conforme a los votos gane peso, pero la decisión no está tomada y la evidencia disponible no permite afirmar que exista ya una postura formal de los ministros.