Marcha del IMSS al Zócalo presiona al Senado y al SNTSS

Trabajadores sindicalizados, activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharán este lunes 9 de noviembre de 2026 por vías principales del centro de la Ciudad de México, en lo que será su cuarta movilización masiva en un mes. La convocatoria fija la concentración a las 15 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI con rumbo al Zócalo capitalino, con una parada que los organizadores describen como "estratégica" frente a la Cámara de Senadores.

El significado público del recorrido no está sólo en el tránsito ni en el caos vial. La marcha convierte una demanda laboral en una exigencia dirigida al Poder Legislativo y a la Presidencia de la República, no únicamente al director general del IMSS. Los organizadores contemplan detenerse en el Senado para reclamar respuesta a los documentos que dicen haber entregado en ambas cámaras y en la oficina presidencial. Es decir, el conflicto interno del instituto se desplaza hacia el terreno de la representación política.

La movilización fue ratificada en la segunda asamblea nacional "en resistencia", celebrada el domingo 8 en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Según el comunicado difundido por los convocantes, a esa asamblea acudieron representantes del IMSS de siete entidades, entre ellas Puebla, Nuevo León, Ciudad de México y Mérida. La sede elegida y la referencia a la CNTE no son un detalle menor: sugieren que el movimiento busca apoyarse en estructuras sindicales con experiencia de confrontación y capacidad de convocatoria fuera del SNTSS.

De la protesta laboral a la ofensiva jurídica

El expediente que los trabajadores llevan a la calle ya no se limita a mejores condiciones laborales y de operación en clínicas y hospitales. En la asamblea aprobaron cuatro acciones jurídicas centrales. La primera es una demanda de destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y de su Comité Ejecutivo Nacional. La segunda es una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción por "irregularidades en la gestión sindical". Las otras dos son un proceso de demanda laboral con exigencia institucional de rendición de cuentas y una auditoría ante la Comisión de Vigilancia para esclarecer el manejo del patrimonio y los recursos del gremio.

Ese paquete cambia la naturaleza del conflicto. Al pedir la destitución de la dirigencia y una auditoría al patrimonio sindical, los trabajadores trasladan la disputa del ámbito de las condiciones de trabajo al de la legalidad y la transparencia interna. Si las instancias competentes admiten la denuncia o la solicitud de auditoría, el SNTSS quedará sujeto a un escrutinio que hoy no enfrenta. Si las desechan o las dejan sin efecto, el movimiento tendrá un argumento adicional para sostener que las vías institucionales están cerradas.

La asamblea también tomó acuerdos de coordinación. Los trabajadores reconocieron "la autonomía de los movimientos" y llamaron a "todos los movimientos y expresiones organizativas" a ser respetados en sus decisiones y formas de organización. Hicieron además un "llamado particular a los 37+1 para respetar y cesar las descalificaciones que no contribuyen a la unidad". Ese lenguaje revela que la unidad interna no está garantizada y que los convocantes intentan administrar diferencias mientras negocian con el instituto y con el sindicato.

Para este mismo lunes está prevista una concentración "urgente" a las 12:00 horas en la sede del IMSS en la avenida Pestalozzi, en apoyo a la trabajadora Erika Cureño, citada por las autoridades por realizar actividades en favor del movimiento. La cita anticipa el tono del día: la protesta no es sólo por demandas salariales, sino por lo que los trabajadores describen como represalias por organizarse.

La lectura política

El primer ganador de margen es el movimiento de trabajadores, que logra instalar su agenda en el espacio público y llevar su reclamo al Senado y a Palacio Nacional. El primer perdedor es la dirigencia del SNTSS, que enfrenta una demanda de destitución y una denuncia anticorrupción en el mismo paquete. El director general del IMSS, Zoé Robledo, queda en una posición incómoda: los trabajadores dicen que darán seguimiento y fiscalización técnica a las 12 acciones que anunció, lo que convierte su gestión en objeto de vigilancia sindical.

El Poder Legislativo también queda expuesto. La parada en el Senado obliga a las cámaras a definir si responden a documentos que los trabajadores afirman haber entregado o si dejan que la movilización se convierta en el único canal de interlocución. La Presidencia de la República enfrenta una presión similar, aunque menos directa: la llamada "conferencia mañanera de la resistencia", que los trabajadores realizan los martes a las 7:30 horas afuera de Palacio Nacional, mantiene el conflicto en la puerta del Ejecutivo.

Qué sigue

La marcha de este lunes es una prueba de fuerza, pero no resuelve nada por sí sola. Lo que debe observarse después es si la Secretaría Anticorrupción admite la denuncia, si la Comisión de Vigilancia abre la auditoría al patrimonio del SNTSS y si alguna de las cámaras responde a los documentos entregados. También importa si el instituto atiende el caso de Erika Cureño y si las 12 acciones anunciadas por la dirección se traducen en medidas verificables.

El movimiento tiene una cita propia: la tercera asamblea nacional, fijada para el 21 de noviembre en Puebla. Ahí se medirá si la coordinación entre entidades se sostiene y si la dirigencia sindical logra contener la demanda de destitución. Mientras tanto, la pelota queda en las canchas institucionales que los trabajadores señalaron con su recorrido.