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Morelos: Congreso busca claridad jurídica y el PAN evalúa acudir a la SCJN por revocación
Morena pide resolver si los cabildos pueden revertir votos ya notificados antes de la declaratoria; el PAN analiza una controversia constitucional y advierte que no frenará el mecanismo.
El Congreso de Morelos no logra cerrar la declaratoria de revocación de mandato porque algunos ayuntamientos cambiaron el sentido de votos ya notificados. Morena condiciona su respaldo a una salida jurídica y el PAN analiza una controversia constitucional ante la SCJN. El expediente ya está en el Tribunal Electoral estatal.
El Congreso de Morelos se encuentra ante un problema que excede el conteo de votos: determinar si un cabildo puede revertir la aprobación que ya notificó al Poder Legislativo. Rafael Reyes Reyes, coordinador de Morena, pidió resolver la controversia jurídica antes de continuar, mientras el PAN analiza una controversia constitucional ante la SCJN. El asunto define si la declaratoria de revocación de mandato avanza o se diluye en un litigio que podría fijar precedente en la entidad.
La reforma constitucional local requiere la aprobación de los ayuntamientos. Según el recuento narrado, 24 municipios aprobaron inicialmente el mecanismo y después algunas administraciones modificaron el sentido de su decisión. Ese cambio alteró el número de votos necesarios para concretar el procedimiento y abrió una pregunta sin antecedente claro en Morelos: si la notificación formal al Congreso cierra la decisión municipal o si los cabildos conservan margen para corregirla.
La disputa por el alcance de la notificación
Morena y sus aliados mantienen respaldo al proceso, pero condicionan su voto a que exista claridad jurídica sobre los documentos recibidos. Reyes Reyes sostuvo que el desacuerdo no es con la revocación de mandato, sino con el procedimiento legal y la validez de los cambios de postura de los ayuntamientos. Su bancada revisará el tema con abogados y esperará conocer los argumentos municipales antes de definir su postura; mientras no haya claridad, no descartó votar en contra de continuar.
El PAN, por conducto de Daniel Martínez Terrazas, coordinador de su fracción y presidente de la Junta Política y de Gobierno, sostiene una interpretación distinta: conforme al artículo 147, los municipios no pueden modificar una decisión una vez que el resultado de sus cabildos fue notificado al Congreso. El PAN analiza promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que determine los alcances de esos cambios y establezca un precedente. Martínez Terrazas subrayó que no existe antecedente similar en Morelos, lo que explica la necesidad de acudir al máximo tribunal.
El Congreso ya remitió al Tribunal Estatal Electoral el expediente completo con los votos a favor contabilizados, luego de que ese órgano solicitara información sobre el procedimiento. Ahora corresponde al tribunal analizar la documentación y emitir el resolutivo que corresponda. Ese paso puede ordenar la discusión legislativa, pero no resuelve por sí mismo la disputa interpretativa sobre las actas municipales.
La lectura política
El costo político se desplaza del fondo de la revocación al diseño procedimental. Morena queda en una posición incómoda: respalda el mecanismo, pero no puede avanzar sin una validación jurídica que ordene el conteo. Su margen de maniobra depende de que los abogados y los municipios ofrezcan una salida que no parezca un freno al instrumento. El PAN, en cambio, gana iniciativa al llevar la definición a la SCJN y al advertir que, si no avanza la declaratoria, impulsará una nueva iniciativa para armonizar la revocación con los cambios federales y realizarla en 2027 o 2028.
La institucionalidad local queda condicionada a dos arenas simultáneas: el Tribunal Electoral estatal y la eventual controversia constitucional. Ninguna de las dos sustituye a la otra. El tribunal revisará el expediente y los votos contabilizados; la Corte definiría, en su caso, el alcance legal de las rectificaciones municipales. Mientras ambas rutas no se despejen, el Congreso difícilmente puede emitir la declaratoria con la certeza que sus propios integrantes exigen.
Martínez Terrazas también afirmó que desde el Congreso han percibido presión de otro poder para influir en los legisladores e impedir que la declaratoria avanzara en la sesión anterior. Se trata de una acusación atribuida a su percepción sobre el desarrollo del proceso legislativo; la evidencia disponible no identifica al poder señalado ni aporta elementos que permitan verificarlo, por lo que debe tomarse como declaración política, no como hecho comprobado.
Qué sigue
El Tribunal Electoral estatal deberá pronunciarse sobre el expediente remitido. En paralelo, el PAN definirá si presenta la controversia constitucional ante la SCJN y Morena terminará de revisar con abogados los argumentos municipales. La pregunta que ordena todo lo demás es si los cabildos pueden revocar votos ya notificados. Si la respuesta es negativa, el conteo original cobra fuerza; si es positiva, el Congreso deberá reconstruir el número de aprobaciones y el calendario de la revocación quedará sujeto a una nueva negociación política.