MORENA ordena a diputados triplicar ataques a Córdova para tapar crisis del INE

La operación de influencia digital dentro del Congreso de la Unión ha sido puesta bajo el escrutinio tras una investigación publicada por El Universal, la cual revela una estrategia coordinada y fallida por parte del grupo parlamentario de Morena. El objetivo central era claro: desviar la atención de los graves escándalos que afectan al Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente los vinculados a la figura de Guadalupe Taddei, trasladando la culpa hacia el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, y hacia los gobiernos anteriores.

La investigación detalla que se instruyó a 254 diputados federales de la coalición gobernante para que ejecutaran una campaña masiva en redes sociales. Esta directriz no fue un ejercicio orgánico de opinión, sino una orden jerárquica para construir una narrativa política específica. Los legisladores fueron instados a utilizar sus plataformas digitales para atacar la gestión de Córdova, buscando sacudirse el costo político que los recientes escándalos de corrupción y mala gestión en el INE estaban generando en la opinión pública.

Sin embargo, la operación no cumplió con los indicadores de éxito esperados por la dirigencia. Según los datos revelados, a pesar de que se desplegaron más de 400 publicaciones coordinadas, el resultado en términos de alcance fue decepcionante. El corte de caja arrojó apenas 3.14 millones de vistas, una cifra que distaba enormemente de la meta exigida por la cúpula de San Lázaro, la cual se estableció en 9 millones de visualizaciones. Este desequilibrio entre el esfuerzo invertido y el impacto obtenido expuso la artificialidad de la campaña y su incapacidad para resonar con el electorado.

Ante este fracaso en los métricas de engagement, la reacción de la dirigencia de Morena fue inmediata y punitiva. Lejos de analizar la estrategia o el contenido, los líderes del grupo parlamentario regañaron a los legisladores por no alcanzar los objetivos. La orden subsiguiente fue clara y contundente: triplicar el número de mensajes diarios para intentar compensar el bajo rendimiento inicial. Esta instrucción subraya la naturaleza mecánica y forzada de la operación, donde la cantidad se prioriza sobre la calidad o la persuasión real.

Este episodio no solo revela la vulnerabilidad del INE ante la presión política del partido en el poder, sino que también expone la metodología de control que se ejerce sobre los diputados morenistas. La exigencia de cumplir metas de vistas y la posterior sanción por no alcanzarlas sugieren un modelo de disciplina política que trasciende la votación en el hemiciclo y se extiende a la esfera digital. Los legisladores actúan, en este contexto, como extensiones de la maquinaria de comunicación del partido, obligados a generar ruido mediático independientemente de su efectividad.

El escándalo de Guadalupe Taddei ha colocado al INE en una posición de fragilidad institucional. Al intentar tapar esta crisis con una campaña de desprestigio contra Lorenzo Córdova, Morena ha demostrado una falta de alternativas narrativas sólidas. En lugar de defender la gestión del instituto o proponer reformas basadas en datos, la estrategia se ha centrado en la personalización del conflicto y la atribución de culpas a actores externos o al pasado político. Esta táctica, sin embargo, parece haber caído en saco roto, evidenciado por el bajo número de interacciones.

Lo que sigue es crucial para entender la dinámica de poder en México. La presión sobre el INE no ha disminuido, sino que se ha intensificado mediante mecanismos de vigilancia y castigo digital. Si la dirigencia está dispuesta a exigir triplicar el ataque ante un fracaso inicial, es probable que veamos un aumento en la hostilidad y la saturación de contenido negativo en las redes sociales. Esto podría tener el efecto contrario al buscado: alienar aún más a la ciudadanía y exponer la falta de legitimidad de las instituciones electorales ante la mirada de la sociedad.

Además, este caso plantea interrogantes sobre la transparencia en el financiamiento de estas campañas digitales. ¿Quién paga por la producción y distribución de estos contenidos? ¿Existen agencias externas contratadas para medir y castigar el desempeño de los diputados? La opacidad en estos procesos es otro punto que debe ser investigado, ya que podría revelar irregularidades en el uso de recursos públicos o privados para influir en la opinión pública.

En conclusión, la orden de Morena a sus diputados para intensificar el ataque contra Lorenzo Córdova es un síntoma de una crisis de comunicación y legitimidad más profunda. La incapacidad para generar un discurso convincente, sumada al uso de tácticas coercitivas internas, debilita aún más la imagen del partido gobernante. La sociedad mexicana merece un debate sobre las elecciones basado en propuestas y no en campañas de desprestigio coordinadas desde las filas del poder. Observar cómo responde el INE y la ciudadanía a esta escalada de hostilidad digital será clave para determinar el futuro de la democracia mexicana.