Nahle fija plazo a 102 camiones y abre revisión del taxi en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ordenó que 102 camiones del transporte público que operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río sean retirados de circulación antes del 31 de diciembre de 2026, al haber cumplido su vida útil, y anunció una ronda de reuniones para revisar el servicio de taxis y el estado de la Ley de Movilidad. El anuncio convierte una revisión administrativa del servicio en un plazo con fecha cierta para los concesionarios y en una señal de que el gobierno estatal busca ordenar un sector con reglas dispersas.

La medida alcanza a 102 unidades identificadas durante la revisión del transporte público y traslada a los concesionarios la obligación de sustituirlas por modelos que cumplan la norma. Nahle explicó que las concesiones establecen un periodo de vida útil para los vehículos, por lo que las unidades que exceden ese plazo deben dejar de prestar el servicio. "En el caso de Veracruz-Boca del Río, tenemos detectados 102 camiones, creo, que tienen que darse de baja y tienen que cambiar a modelos nuevos, que cumplan la norma, y tienen hasta el 31 de diciembre", declaró la mandataria.

El plazo no es un detalle menor: fija una fecha de cumplimiento verificable y deja a los permisionarios ante la disyuntiva de renovar flota o exponerse a la pérdida del servicio. La orden, sin embargo, no viene acompañada en el anuncio de un esquema de financiamiento, apoyos para la sustitución ni un calendario de verificación, elementos que determinarán si el retiro se cumple o se convierte en una prórroga más.

Taxis, tarifas y una ley pendiente

Nahle anunció que esta semana se reunirá con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, el titular de Transporte y autoridades de Tránsito para revisar las condiciones del servicio público, incluida la situación de los taxis. Entre los pendientes mencionó la tarifa que deben exhibir los taxistas para que los usuarios conozcan el costo antes de abordar, un punto que toca directamente el bolsillo de los usuarios y la relación cotidiana con el gremio.

La gobernadora reconoció que aún hay aspectos por ordenar y planteó el diálogo como método: "Primero es el diálogo, hablar con todos, decirles, indicarles. Para eso es la reunión, a ver, gírenles un memorándum o una notificación, porque aquí no se trata de castigar a nadie, pero sí se trata de poner orden y que le den un buen servicio a la población". El lenguaje sugiere una estrategia de advertencia administrativa antes que de sanción, lo que puede dar margen a los concesionarios para negociar tiempos.

La Ley de Movilidad sigue sin enviarse al Congreso: se encuentra en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), donde se pidió una revisión para determinar si alguna de sus disposiciones tendría impacto presupuestal. Nahle dijo que espera recibir esta semana las observaciones de la dependencia para continuar con la integración y remitirla al Congreso del Estado para su análisis y dictamen. Es decir, el marco legal que daría sustento duradero a medidas como el retiro de unidades depende todavía de un filtro financiero interno.

La lectura política

El anuncio permite a Nahle mostrar capacidad de orden sobre un sector históricamente resistente a la regulación, sin haber desplegado aún los instrumentos legales y presupuestales que lo harían exigible. La gobernadora gana margen político al fijar una fecha y un número concreto, pero ese margen se erosiona si el 31 de diciembre llega sin retiro efectivo o sin una ley aprobada.

Los concesionarios del transporte quedan ante una presión nueva, aunque conservan espacio de negociación mientras no exista un mecanismo de verificación y sanción. Los taxistas, por su parte, entran a la conversación por la vía de la tarifa exhibida, un tema de bajo costo fiscal pero alto impacto para el usuario. El Congreso local aparece como el actor que aún no recibe la pelota: la Ley de Movilidad está detenida en SEFIPLAN, no en el Legislativo.

El cambio institucional que se insinúa es el paso de un transporte regulado por concesiones dispersas a un régimen con plazos, verificación y una ley marco, pero ese paso no está consumado. Falta conocer el contenido de la iniciativa, su impacto presupuestal y si el Ejecutivo estatal acompaña la exigencia con recursos o sólo con notificaciones.

Qué sigue

La reunión de esta semana con Ahued, Transporte y Tránsito deberá producir definiciones sobre taxis y tarifas. Después, SEFIPLAN tendrá que entregar sus observaciones a la Ley de Movilidad para que el Ejecutivo la remita al Congreso, donde comenzará el análisis y dictamen. En paralelo, los concesionarios de los 102 camiones enfrentan el reto de renovar flota antes del cierre de 2026. El elemento que falta para sostener una lectura más fuerte es el mecanismo de verificación y las consecuencias previstas para quienes no cumplan el plazo.