OAJ abroga evaluación judicial tras paro y cierres en 50 juzgados

El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó el acuerdo AG-POAJ-025/2026, que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). La decisión se tomó en sesión extraordinaria y se anunció este lunes 9 de noviembre, después de protestas y de la suspensión de actividades en distintas sedes judiciales. El instrumento completo queda sin efecto: ya no podrá invocarse como base para sanciones ni para separar del cargo al personal.

El desenlace importa porque el OAJ es la instancia administrativa del PJF y su margen para ordenar evaluaciones internas quedó expuesto a la presión sindical y al cierre de instalaciones. La abrogación no fue una corrección técnica: fue una retirada ante la parálisis de servicios en al menos 50 juzgados y tribunales federales. El organismo argumentó que buscaba garantizar el acceso a la justicia y la continuidad de los servicios.

El conflicto no surgió de la nada. El 6 de noviembre, el OAJ había sostenido que las evaluaciones de diciembre de 2026 eran diagnósticas y no implicaban despidos, en respuesta a las protestas. El OAJ intentó primero acotar el alcance de la evaluación y solo después la abrogó, lo que sugiere que la aclaración no bastó para desactivar la inconformidad.

El sábado 7 de noviembre hubo una reunión en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y dirigentes de tres organizaciones sindicales. Ahí se acordó que la evaluación tendría como fin fortalecer la eficiencia y calidad en la impartición de justicia, eliminar toda referencia que pudiera interpretarse como fundamento para sancionar o separar del cargo, suprimir evaluaciones extraordinarias solicitadas por titulares y modificar los porcentajes de los aspectos subjetivos. También se pactó publicar los cambios en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo con los sindicatos no detuvo el paro: al momento del comunicado, al menos 50 juzgados y tribunales federales seguían cerrados. Esa persistencia explica por qué el Pleno pasó de modificar el acuerdo a abrogarlo por completo. La diferencia no es menor: una reforma habría conservado la evaluación con otro diseño; la abrogación deja al PJF sin ese instrumento y sin el marco que lo sostenía.

La lectura política

El episodio deja ganancias y pérdidas claras. Los sindicatos del PJF ganaron capacidad de veto práctico sobre una decisión administrativa: lograron que el OAJ retirara el acuerdo completo, no solo que lo ajustara. El OAJ perdió margen de maniobra y quedó ante la pregunta de cómo evaluar al personal sin un instrumento vigente. La Suprema Corte, que participó en la reunión del sábado, aparece como espacio de interlocución, pero no como garante de que el conflicto se resuelva.

El costo público recae en los usuarios del sistema judicial: el cierre de juzgados retrasa trámites y procedimientos, y la abrogación no reabre por sí sola las instalaciones. El OAJ sostuvo que la abrogación buscaba garantizar el acceso a la justicia, pero la evidencia disponible no permite afirmar que los cierres hayan terminado.

También queda una zona gris institucional. Al dejar sin efecto el acuerdo completo, el OAJ no solo eliminó las disposiciones sancionadoras: también se quedó sin el marco que regulaba la evaluación. No está en la evidencia si emitirá un nuevo instrumento, si reabrirá el diálogo con los sindicatos o si el personal será evaluado bajo otra norma. Esa ausencia es el dato que falta para medir el alcance real de la decisión.

Qué sigue

El primer indicador será la reapertura efectiva de los juzgados y tribunales federales. El OAJ informó que los sindicatos se comprometieron a reanudar labores el lunes, pero al emitirse el comunicado al menos 50 sedes seguían cerradas. Sin esa reapertura, la abrogación no restablece el servicio.

El segundo será la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los cambios pactados el sábado. Esa publicación permitiría verificar si el OAJ conserva algún esquema de evaluación sin sanciones o si el vacío se prolonga.

El tercero será la respuesta de los trabajadores y sus dirigencias: si el paro se levanta, si se mantiene en algunas sedes o si reaparece la demanda de que no exista evaluación alguna. La abrogación traslada la presión del OAJ a los sindicatos: ahora ellos cargan con la expectativa de reabrir los juzgados que mantienen cerrados.