PAN Chihuahua llama preso político a Jáuregui y presiona al Ejecutivo federal

Marco Bonilla, coordinador de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua, calificó al exfiscal César Jáuregui Moreno como preso político del Gobierno federal y adelantó que el Consejo Estatal del PAN firmará un desplegado para exigir el respeto al debido proceso en su contra. La declaración no es un episodio aislado: convierte un expediente judicial en curso en una disputa política abierta entre el panismo chihuahuense y el Ejecutivo federal, con un costo institucional que se mide en la percepción de autonomía del sistema de justicia.

El panismo chihuahuense traslada el caso Jáuregui del terreno judicial al político y lo usa como bandera de confrontación con el Gobierno federal. Bonilla sostuvo que la imputación por traición a la patria carece de sustento porque, a su juicio, no se cumplen las tres condiciones que exige esa figura penal. "No hay manera de configurar traición a la patria. El cargo de traición a la patria, yo lo dije con mucha claridad, es desproporcionado, no se justifica", declaró. Añadió que cualquier estudiante de Derecho que leyera el código penal llegaría a la misma conclusión y afirmó que "traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlo", en referencia al operativo que originó el caso.

El respaldo tiene respaldo institucional partidista. Según el relato de Bonilla, el Consejo Estatal del PAN en Chihuahua aprobó por unanimidad la difusión de un desplegado dirigido al Gobierno federal, que será suscrito por los consejeros estatales. La postura se suma a la que el Consejo adoptó el 7 de noviembre, cuando la mayoría aprobó respaldar públicamente al exfiscal, aunque la votación no fue unánime: entre los votos en contra estuvo el de Saraí Franklin, expresidenta del PAN municipal de Chihuahua e identificada con el entorno político de la gobernadora Maru Campos. El senador Mario Vázquez Robles también cuestionó el caso y advirtió que se acusa a Jáuregui de ser "chivo expiatorio del régimen morenista".

La acusación federal se sostiene en un operativo en El Pinal y en la presunta autorización de agentes extranjeros sin notificar a las autoridades mexicanas. Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por la Fiscalía estatal, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Dos días después fue aprehendido por una orden federal relacionada con traición a la patria. El 25 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por ese delito y ratificó la prisión preventiva oficiosa; desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

El origen del expediente es el operativo realizado entre el 16 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un narcolaboratorio de metanfetaminas. La Fiscalía General de la República sostiene que en el operativo participaron cuatro agentes y que dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia murieron junto al director de la Agencia Estatal de Investigación y su escolta en un accidente durante el regreso de la sierra. La FGR afirma que Jáuregui autorizó la participación operativa de esos agentes extranjeros sin que las autoridades federales mexicanas fueran notificadas, lo que consideró una violación a la soberanía nacional. La defensa, representada por Héctor Villasana, ha insistido en que no existe prueba que vincule al exfiscal con esa autorización.

La lectura política

Bonilla gana visibilidad como vocero del ala dura del panismo y desplaza el eje del debate hacia la legitimidad del proceso federal, no hacia la conducta del exfiscal. El costo es que el partido ata su credibilidad institucional a un expediente cuyo desenlace judicial aún no está definido. Quien pierde margen de maniobra es el Ejecutivo federal: cada pronunciamiento público sobre la culpabilidad de Jáuregui, como el que Bonilla atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina seis días antes de la audiencia, alimenta la tesis del preso político y debilita la defensa de que se trata de un caso estrictamente jurídico. La gobernadora Maru Campos queda en una posición incómoda: su entorno aparece vinculado al voto disidente dentro del Consejo Estatal, lo que sugiere una fractura interna que el respaldo a Jáuregui no resuelve.

Institucionalmente, el episodio no cambia la situación jurídica del exfiscal, pero sí modifica el clima político en el que operarán los tribunales. Un desplegado del Consejo Estatal no tiene efectos procesales; su función es construir presión pública y, eventualmente, un relato de victimización que pueda capitalizarse si las apelaciones prosperan.

Qué sigue

La defensa informó que las apelaciones contra las resoluciones judiciales en los ámbitos estatal y federal ya están en trámite y podrían resolverse en un plazo de entre dos y cuatro meses. El plazo para la investigación complementaria vencería alrededor del 23 o 24 de diciembre. La firma del desplegado por los consejeros estatales panistas y la respuesta que el Gobierno federal dé a ese documento marcarán el tono de la disputa en las próximas semanas. Falta por conocerse el contenido exacto del desplegado y si el PAN nacional respalda la tesis del preso político o se limita a exigir garantías procesales, una distinción que define el costo político de la apuesta.