Paro del PJF en Yucatán presiona por publicación oficial de acuerdos

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Yucatán cumplen este lunes su segundo día hábil consecutivo de paro de labores en los juzgados federales de la colonia Petronila, en Mérida. La movilización forma parte de una protesta nacional contra el nuevo sistema de evaluación del personal de carrera judicial y tiene un eje preciso: la exigencia de que los acuerdos alcanzados con las autoridades queden publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El paro no es un rechazo frontal a ser evaluados. Los inconformes sostienen que aceptan la evaluación, pero rechazan que parte de su calificación dependa de las opiniones de superiores y compañeros, porque consideran que ese criterio puede poner en riesgo su estabilidad laboral. Entre sus demandas están eliminar las consecuencias que pudieran derivar en despidos, garantizar evaluaciones objetivas y respetar la antigüedad y los derechos laborales.

La protesta se sostiene no contra la evaluación en sí, sino contra un mecanismo que el personal percibe como discrecional y con efectos potenciales sobre su permanencia.

El Órgano de Administración Judicial informó que las primeras evaluaciones, programadas para diciembre, serán únicamente diagnósticas y no tendrán consecuencias sobre la permanencia del personal. Esa señal no ha bastado para levantar el paro. La razón está en la forma: para los trabajadores, un anuncio institucional no equivale a un acuerdo con efectos jurídicos mientras no se publique en el DOF.

Jesús Barona, oficial judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, lo planteó con claridad: “Sin embargo este acuerdo debe adquirir legalidad, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces hasta que no se publique ese acuerdo o esta modificación o el aviso donde se deja sin efectos este acuerdo, pues vamos a permanecer aquí en este Tribunal o en las instalaciones de la sede, manteniendo nuestra protesta”.

El conflicto se desplazó del contenido de la evaluación a la validez formal de los acuerdos: sin publicación oficial, el personal no reconoce un compromiso exigible.

En Yucatán, la suspensión de actividades afecta el funcionamiento ordinario de los órganos jurisdiccionales federales, aunque se ha previsto atención para asuntos urgentes. Es decir, el paro no paraliza por completo la operación, pero sí altera el ritmo normal de despacho y acumula carga en los juzgados.

La lectura política

El episodio deja ver una disputa de márgenes entre dos niveles del propio Poder Judicial. El Órgano de Administración Judicial gana espacio para presentar las evaluaciones de diciembre como un ejercicio sin consecuencias, pero pierde capacidad de desactivar la protesta mientras no formalice sus compromisos en el DOF. Los trabajadores, por su parte, ganan capacidad de negociación al condicionar el levantamiento del paro a un acto verificable y público, aunque asumen el costo de mantener suspendidas las labores y de que la afectación a la operación judicial se les atribuya.

Quien controle la publicación oficial controla el calendario del conflicto: el DOF se convirtió en el árbitro práctico de la negociación.

Institucionalmente, el paro coloca la transparencia documental como condición de legitimidad de cualquier acuerdo laboral dentro del PJF. No se trata solo de un conflicto local en Yucatán: la exigencia de publicación oficial se plantea a nivel nacional, lo que sugiere que la coordinación entre trabajadores de distintas entidades puede sostener la presión más allá de Mérida. Para el órgano administrativo, publicar implica comprometerse por escrito y abrir sus criterios a escrutinio; no publicar implica alargar un paro que ya afecta el servicio.

También hay un costo para la ciudadanía: la atención de asuntos urgentes está prevista, pero la operación ordinaria de los juzgados federales en Yucatán resiente la suspensión. Ese costo puede convertirse en presión política sobre ambas partes si el paro se prolonga.

Qué sigue

La siguiente decisión relevante está en manos del Órgano de Administración Judicial: publicar en el DOF el acuerdo, su modificación o el aviso que deje sin efectos el mecanismo cuestionado. Si eso ocurre, los trabajadores tendrían que definir si levantan el paro o si la publicación no satisface sus demandas de fondo sobre las evaluaciones.

Si no hay publicación, el escenario probable es que la protesta se extienda y que la coordinación nacional gane peso frente a las autoridades judiciales. Falta un elemento para sostener una lectura más amplia: no hay evidencia en este expediente sobre el número de trabajadores en paro, el alcance exacto de la suspensión en cada órgano jurisdiccional ni la posición formal de las autoridades judiciales ante la exigencia de publicación.