Paro judicial en Juárez paraliza plazos y presiona al Órgano de Administración

Los juzgados federales de Ciudad Juárez declararon inhábil el lunes 9 de noviembre. La razón no fue un día festivo ni una contingencia sanitaria: el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejó a los órganos jurisdiccionales sin condiciones operativas para funcionar. El aviso, dirigido a litigantes, abogados, servidores públicos y a la sociedad en general, suspendió el transcurso de plazos y términos procesales durante la jornada.

La determinación fue emitida el domingo 8 de noviembre y firmada por Octavio Pineda Toribio, magistrado de Circuito, y Javier Antonio Mena Quintana, juez de Distrito y coordinador de jueces de Distrito en Chihuahua. El documento señala que la declaratoria responde a la falta de condiciones para cumplir con las funciones jurisdiccionales debido al paro de la base trabajadora. La suspensión de plazos no es un detalle administrativo: altera el calendario de defensa de miles de litigantes y traslada el costo del conflicto laboral a quienes tienen asuntos en curso.

Aunque las actividades ordinarias estarán suspendidas, los juzgados mantendrán guardias para atender asuntos urgentes por vía electrónica, conforme a la circular 16/2024 del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, el sistema judicial no se detiene por completo, pero opera en un modo excepcional que depende de la interpretación de qué asuntos califican como urgentes.

El origen del paro

El paro ocurre en medio de la inconformidad de trabajadores sindicalizados contra los lineamientos de evaluación del desempeño emitidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Los trabajadores consideran que los resultados podrían afectar su antigüedad y estabilidad laboral. La protesta comenzó la semana pasada y tuvo una suspensión de labores el jueves y viernes previos.

Miguel Ángel Casanova Toscano, representante de la sección 19, había anunciado que propondría regresar a trabajar este lunes, pero también advirtió que mantendrían las movilizaciones si los cambios prometidos no se publicaban en el Diario Oficial de la Federación. La advertencia sindical convierte la publicación oficial en el punto crítico: sin ella, el regreso a labores queda condicionado y la incertidumbre jurídica se prolonga.

El sábado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el OAJ y las representaciones sindicales anunciaron acuerdos para modificar el esquema de evaluación. Entre ellos, eliminar las referencias que permitan interpretarlo como un mecanismo sancionatorio o de separación del cargo, suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y modificar los porcentajes de los factores subjetivos. Las modificaciones todavía estaban pendientes de publicación oficial.

La lectura política

El conflicto deja varias lecturas sobre quién gana y quién pierde margen de maniobra. El OAJ queda en la posición más incómoda: los acuerdos anunciados el sábado lo comprometen a modificar su propio esquema de evaluación, pero mientras esos cambios no se publiquen, el paro mantiene su capacidad de presión. La publicación en el Diario Oficial de la Federación es el acto que convierte el acuerdo político en obligación verificable.

La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal enfrentan un problema de gestión: la declaratoria de inhábil en Ciudad Juárez es una decisión local, pero expone la fragilidad operativa de un sistema que depende de su base trabajadora para funcionar. Los litigantes y abogados son los actores con menos control sobre el conflicto y los más afectados por la suspensión de plazos, pues su calendario procesal queda sujeto a una negociación laboral ajena.

El sindicato, por su parte, conserva un instrumento de presión efectivo mientras la publicación no ocurra. Su margen depende de mantener la cohesión de la base y de que las modificaciones prometidas no se diluyan en la letra pequeña de los lineamientos.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es la publicación oficial de las modificaciones al esquema de evaluación. Sin ese acto, la advertencia sindical de mantener movilizaciones sigue vigente y los juzgados federales de Ciudad Juárez podrían repetir declaratorias de inhábil en los próximos días.

También queda por verse si la declaratoria local se replica en otros circuitos del país, lo que ampliaría el impacto sobre el calendario procesal federal. La evidencia disponible no permite afirmar que exista una coordinación nacional del paro; ese elemento falta para sostener una lectura de mayor alcance.

Finalmente, corresponde al OAJ y al Consejo de la Judicatura Federal explicar cómo se garantizará la operación de las guardias urgentes y qué criterios se aplicarán para determinar qué asuntos califican como tales. La suspensión de plazos es reversible, pero la confianza en la previsibilidad del sistema judicial no se restablece solo con un aviso.