POLÍTICA · MEDIUM
Paro judicial en Sonora y Sinaloa desafía el acuerdo que retiró sanciones
Los trabajadores mantienen la suspensión de labores pese al compromiso de la Suprema Corte de eliminar las disposiciones punitivas; el conflicto se traslada al Congreso y a la Ley de Carrera Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantienen el paro en juzgados federales de Sonora y Sinaloa el 9 de noviembre de 2026. Exigen que el Congreso reforme la Ley de Carrera Judicial para eliminar la causal de separación por no acreditar evaluaciones. Aunque la Suprema Corte acordó retirar las disposiciones punitivas del esquema, los inconformes consideran que el acuerdo no modifica la
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantuvieron este lunes 9 de noviembre el paro de labores y las movilizaciones en juzgados federales de Sonora y Sinaloa, en una decisión que adquiere significado público porque sostiene un conflicto laboral-institucional más allá del gesto conciliador que la Suprema Corte había ofrecido dos días antes. En Culiacán, empleados de juzgados de distrito, tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal se manifestaron en sus centros de trabajo para exigir que el resultado de una evaluación de desempeño no ponga en riesgo su empleo. En Nogales y Hermosillo, cerca de 70 miembros del PJF bloquearon desde temprana hora el edificio federal, según reportaron el secretario de la Sección 24 del sindicato, Francisco Jerez Sánchez, y Ramón Acosta, secretario del Juzgado 4 en Nogales.
El detonante es el Acuerdo General 25/2026, publicado el 5 de noviembre, que establece cómo se evaluará al personal de carrera judicial. Los trabajadores no rechazan ser evaluados ni capacitados; rechazan que el resultado de esa evaluación pueda separarlos del cargo. Ramiro de León Cantú, secretario de juzgado y participante en la manifestación en Culiacán, lo formuló con claridad: "Nosotros nunca le hemos temido a las evaluaciones ni a la capacitación". El cuestionamiento se dirige a los componentes subjetivos del esquema: Acosta advirtió que la calificación de los jefes podría decidir la permanencia de un empleado "por más que hayas pasado el examen".
El sábado 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representantes sindicales acordaron retirar del esquema las disposiciones de carácter punitivo, y el Órgano de Administración Judicial anunció que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y no afectará la permanencia del personal en ese primer ejercicio. Pese a ese acuerdo, los inconformes en Culiacán decidieron mantener el paro porque el compromiso sobre las pruebas de diciembre no modifica la ley. El fondo legal del conflicto está en el artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial del PJF, que establece como causa de separación no acreditar el procedimiento de evaluación que determine el Órgano de Administración Judicial. La demanda es que el Congreso elimine esa causal para que la protección se aplique también en futuras evaluaciones.
La movilización no es un episodio aislado. Comenzó el viernes 6 de noviembre con suspensiones en al menos 15 entidades —entre ellas Nuevo León, Durango, Oaxaca y Puebla— y este lunes continuaba en al menos siete ciudades. El paro se sostiene con un pliego que va más allá de la evaluación: capacitación judicial continua, formación profesional, reconocimiento a la experiencia y oportunidades reales de crecimiento en la carrera judicial. Los trabajadores piden además que las garantías sobre su permanencia queden por escrito, lo que revela desconfianza hacia los compromisos verbales o administrativos que no pasan por el marco legal.
La lectura política
El margen de maniobra del Órgano de Administración Judicial y de la Suprema Corte quedó acotado por su propia concesión. Al retirar las disposiciones punitivas y calificar la primera evaluación como diagnóstica, la cúpula judicial intentó desactivar la protesta sin tocar la ley; los trabajadores leyeron esa maniobra como insuficiente y trasladaron la presión al Congreso. Quien gana margen es el sindicato, que convirtió una demanda corporativa en una exigencia de reforma legislativa; quien pierde es la estrategia de gestión judicial que apostó a un acuerdo administrativo para cerrar un conflicto cuya raíz es legal. El costo institucional es visible: la evaluación de diciembre llega con juzgados paralizados y con la autoridad judicial cuestionada en su capacidad para garantizar la carrera sin usar la permanencia como castigo.
También hay una lectura sobre el alcance del movimiento. La extensión a Sonora y Sinaloa, entidades con realidades distintas, sugiere que la inconformidad no se limita a un grupo de juzgados, aunque la evidencia disponible no permite afirmar cuántos trabajadores participan a nivel nacional ni si el paro afecta el despacho de asuntos urgentes. Cada órgano jurisdiccional dará sus propias indicaciones sobre la atención de asuntos, según De León Cantú, lo que deja abierta la pregunta sobre el impacto real en el servicio de justicia.
Qué sigue
El paso decisivo está en el Congreso: si la causal del artículo 38, fracción IV, se elimina o se modifica, el conflicto puede encauzarse; si no se toca, el acuerdo de la Suprema Corte quedará como un paliativo temporal frente a una ley que los trabajadores consideran punitiva. En el corto plazo, la evaluación de diciembre será la prueba de fuego: si se aplica como diagnóstico y sin consecuencias, el sindicato podría perder el argumento de que la ley sigue siendo una amenaza; si el esquema se percibe como una vía indirecta de separación, el paro tiene condiciones para extenderse. Falta también precisar si las garantías exigidas por escrito adoptan la forma de un compromiso del Órgano de Administración o de una reforma legal, y si la Suprema Corte está dispuesta a impulsar esta última.