POLÍTICA · HIGH
Pryse acumula 246 contratos federales pese a inhabilitaciones confirmadas
La empresa de seguridad con una accionista de 90 años concentra casi 13 mil millones de pesos en 28 dependencias, incluidos IMSS y Semar, mientras un amparo neutralizó su sanción más reciente.
Grupo de Seguridad Privada Pryse de México ha recibido 246 contratos por casi 13 mil millones de pesos de 28 dependencias federales, entre ellas IMSS, IMSS-Bienestar y entidades de la Semar, pese a inhabilitaciones confirmadas por irregularidades. Un juez suspendió en diciembre de 2025 la sanción más reciente y la empresa ganó una licitación del IMSS días después. El caso pone en tensión la contra
Grupo de Seguridad Privada Pryse de México ha recibido 246 contratos por casi 13 mil millones de pesos de 28 dependencias del gobierno federal, entre ellas el IMSS, IMSS-Bienestar y entidades vinculadas a la Secretaría de Marina, a pesar de tener inhabilitaciones confirmadas por irregularidades. El dato, documentado en registros de contratación pública, no es un episodio aislado: describe un patrón de concentración de servicios de vigilancia en una sola empresa durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
La cifra acumulada —12 mil 911 millones 700 mil pesos— se distribuye en áreas sensibles. El IMSS concentra 5 mil 103 millones en 70 contratos; IMSS-Bienestar, 3 mil 107 millones en tres; CAPUFE, 2 mil 098 millones en 11; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 925 millones; la Secretaría de Salud federal, 444 millones en dos. También aparecen el ISSSTE, Fonatur-Tren Maya, el INAH y el IPN. La empresa pasó de cinco contratos en 2019 a 119 en 2025, un crecimiento que coincide con el cambio de administración y que no tiene registro previo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El expediente societario añade un elemento que la evidencia subraya: la principal accionista de Pryse es Silvia Muciño Negrete, de 90 años, quien reside en un apartamento modesto en Jiutepec, Morelos. La empresa se constituyó en 2015 y no todos los contratos los firma ella; representantes legales y apoderados cierran los convenios. La evidencia no permite afirmar quién ejerce el control efectivo de la compañía, pero sí constata una distancia entre la titularidad formal y la operación contractual.
Inhabilitaciones, amparo y una licitación ganada
El historial sancionador es parte central del caso. La Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción ordenó revisar al Órgano Interno de Control del AICM dos licitaciones de vigilancia para la Terminal 2, donde Pryse y empresas aliadas cobraban más de 700 millones frente a una oferta de 593 millones por el mismo servicio. La empresa fue inhabilitada por 12 meses en septiembre de 2025, pero el 8 de diciembre de ese año el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva de la sanción en el amparo 2080/2025. La medida se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre; al día siguiente se abrió otra licitación del sector salud y una semana después Pryse ganó un contrato del IMSS por mil 334 millones 424 mil 383 pesos con IVA, en participación conjunta con otras empresas.
El hecho no demuestra por sí mismo irregularidad en esa adjudicación, pero sí plantea una pregunta institucional: una suspensión judicial permite competir mientras se revisa la sanción, de modo que la inhabilitación deja de operar como filtro preventivo durante el litigio. La Auditoría Superior de la Federación mantiene revisiones de cuentas de 2023 sobre contratos de Fonatur y del IMSS, lo que confirma que el escrutinio financiero sigue abierto.
La lectura política
El caso redistribuye presión sobre tres actores. El gobierno federal pierde margen para presentar su política de contrataciones como blindada contra proveedores sancionados, sobre todo cuando las dependencias más afectadas son el IMSS y áreas de seguridad vinculadas a la Semar. La empresa gana margen operativo con el amparo, pero queda expuesta a que las auditorías y revisiones judiciales confirmen o reviertan la sanción. El Poder Judicial, a través del juez Gabriel Regis López, adquiere centralidad: su decisión no absuelve a Pryse, pero condiciona la eficacia administrativa de la inhabilitación.
El patrón no prueba por sí solo una red de corrupción, pero sí muestra que el sistema de contratación pública concentró servicios estratégicos en un proveedor con sanciones vigentes y litigadas. La comparación con el escándalo del INE que la evidencia menciona —contratos irregulares por montos menores— subraya la escala relativa del caso Pryse, aunque se trata de expedientes distintos.
Qué sigue
La pregunta inmediata es si las auditorías de la ASF y los procedimientos del AICM, el IMSS y el INAH derivan en resoluciones firmes o en nuevas suspensiones. También importa si la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción ajusta sus criterios para que una inhabilitación suspendida no permita participar en licitaciones mientras se resuelve el amparo. Para el gobierno de Sheinbaum, el costo político no está en un contrato aislado, sino en la acumulación: 28 dependencias y casi 13 mil millones obligan a explicar cómo se evalúa a un proveedor que ha sido sancionado y que sigue ganando adjudicaciones.