Ramírez Cuéllar lleva al Senado su paquete anticorrupción y abre debate sobre fuero

El diputado federal y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, entregó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, un paquete de iniciativas para modificar el marco legal y constitucional en materia de combate a la corrupción. La entrega ocurrió ante representantes de la academia, empresarios, instituciones bancarias y organizaciones civiles, y no es un trámite menor: la propuesta busca rehacer el sistema de fiscalización y auditoría del gasto público, no sólo ajustar una norma aislada.

El paquete contempla la creación de un nuevo sistema anticorrupción, con el argumento de que el modelo actual presenta limitaciones, de acuerdo con el legislador. Incluye una reforma a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías estatales, así como modificaciones a las dos cámaras del Congreso de la Unión y una nueva legislación en materia de administración pública. Ramírez Cuéllar también abrió el debate sobre la inmunidad procesal de legisladores y servidores públicos y sobre el juicio político, además de una reforma integral al Código Penal Federal. Mencionó el llamado huachicol fiscal como un fenómeno cuya expansión obliga a revisar los mecanismos legales.

El gesto político importa porque la frontera entre la Cámara de Diputados y el Senado no es neutral: un diputado de la bancada mayoritaria entrega su propuesta al presidente de la Mesa Directiva de la cámara revisora. Ramírez Cuéllar planteó convocar a legisladores, especialistas e instituciones para precisar alcances y que la discusión ocurra antes de que concluya el periodo de sesiones, después del debate del presupuesto de ingresos, e incluso propuso un periodo extraordinario para analizar los cambios constitucionales y legales.

La lectura política

El hecho tiene dos capas. La primera es institucional: tocar la ASF, las auditorías estatales, la inmunidad y el juicio político implica mover piezas de control del gasto y de responsabilidad de servidores públicos. Quien impulse un nuevo sistema anticorrupción gana capacidad de agenda, pero también asume el costo de explicar por qué el modelo vigente no funcionó. Ramírez Cuéllar ha insistido, en días recientes, en que la SCJN resuelva el juicio político contra Samuel García y en que la FGR esclarezca el presunto desvío de más de 7,200 millones de pesos en Nuevo León; en ese contexto, su propuesta de eliminar el fuero y fortalecer el juicio político se lee como continuidad de una misma línea de confrontación con las resistencias institucionales [15554, 15534, 13671, 13584].

La segunda capa es la declaración de Higinio Martínez. El senador morenista reconoció que, pese a los cambios políticos desde 2018, no se ha logrado terminar con la corrupción de los gobernantes: “Llegamos al 2018, y lo admito personalmente, es mi opinión, no hemos podido con eso”. Que el presidente de la Mesa Directiva del Senado admita un pendiente de esa magnitud da cobertura política a la propuesta, pero también fija un estándar de rendición de cuentas para el propio oficialismo. No es una concesión retórica menor: reconoce una percepción social de corrupción en la clase política y reclama resultados, no sólo cambios de leyes.

En términos de márgenes, el Ejecutivo no aparece en la evidencia como impulsor ni como freno; el movimiento es legislativo y proviene de la bancada mayoritaria. Los actores que podrían perder margen son las auditorías estatales y los servidores protegidos por la inmunidad procesal, si la reforma avanza. Los que podrían ganar capacidad de supervisión son la ASF y los órganos de control, siempre que la letra final no diluya sus facultades. La oposición queda ante una disyuntiva: acompañar una reforma que endurece el control del gasto o quedar fuera de un debate con alto costo reputacional.

Qué sigue

El paquete debe pasar por el proceso legislativo ordinario, y el alcance definitivo depende de la negociación entre cámaras. Para sostener una lectura más precisa falta un elemento: el texto completo de las iniciativas, en particular la arquitectura del nuevo sistema anticorrupción y el contenido exacto de la reforma a la ASF. Sin esos documentos no es posible verificar si se fortalecen o se subordinan las capacidades de auditoría. El siguiente paso verificable es si se convoca la reunión de legisladores y especialistas, si se instala el periodo extraordinario y si las comisiones dictaminan antes del cierre del periodo de sesiones. El antecedente del juicio político en Nuevo León y la exigencia de que la SCJN resuelva de fondo sugieren que la discusión no será sólo técnica [15554, 15534].