SCJN: Prueba de ADN no anula filiación si se venció el plazo legal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución que pone en tensión la relación entre la verdad biológica y la seguridad jurídica en el derecho familiar. A través del Amparo Directo en Revisión 5065/2025, la máxima autoridad judicial del país determinó que la prueba de ADN no es suficiente para desvirtuar la paternidad cuando se ha agotado el plazo legal establecido por la ley local para impugnarla. Este fallo, que involucra a un hombre del estado de Chiapas, establece un precedente claro: la estabilidad jurídica de la filiación prevalece sobre la verdad genética si no se actúa a tiempo.

El caso gira en torno a un hombre que, tras descubrir dudas sobre su paternidad, solicitó y obtuvo una prueba de ADN que descartaba rotundamente su vínculo biológico con una menor. Sin embargo, el proceso judicial no se detuvo allí. La SCJN analizó si la ciencia podía anular una situación legal consolidada. La respuesta de la Corte fue negativa, basándose en el Código Civil del estado de Chiapas, el cual establece un plazo perentorio de 60 días para que el supuestamente padre impugne la filiación. En este caso, el demandante no actuó dentro de esa ventana temporal, lo que, según la interpretación de los ministros, cierra la posibilidad de reabrir el juicio de filiación mediante pruebas genéticas posteriores.

Esta decisión no es arbitraria; responde a un principio fundamental del derecho: la seguridad jurídica. Si bien la ciencia puede determinar con certeza absoluta quién es el padre biológico, el derecho busca proteger a las partes involucradas, especialmente a los menores, de la incertidumbre y la inestabilidad. La SCJN argumenta que permitir la impugnación de la paternidad en cualquier momento, sin importar el paso del tiempo, generaría un estado de vulnerabilidad constante para los niños y las familias. Por ello, el plazo de 60 días se considera una barrera procesal ineludible que, una vez vencida, consolida la relación de paternidad a todos los efectos legales, independientemente de la verdad biológica.

Las consecuencias de este fallo son significativas. Para el hombre en cuestión, la resolución implica la obligación de continuar pagando la pensión alimenticia a la menor, a quien no es padre biológico, pero a quien la ley considera su hijo. Esta situación plantea un dilema ético y económico: ¿debe un hombre asumir las cargas económicas y legales de una paternidad que no es biológica? La Corte responde que sí, porque la ley prioriza el interés superior del menor y la estabilidad del vínculo familiar ya establecido. El pago de la pensión se mantiene como una obligación legal derivada de la filiación civil, no biológica.

Este caso resalta la importancia crítica de los plazos procesales en el derecho familiar. Muchos ciudadanos desconocen que la impugnación de la paternidad no es un derecho indefinido. La SCJN deja claro que la negligencia o el retraso en ejercer el derecho a impugnar la paternidad tiene consecuencias irreversibles. Una vez que el plazo de 60 días expira, la filiación se considera inatacable por vía de pruebas genéticas, salvo en circunstancias excepcionales que no aplican en este caso.

El fallo también toca fibras sensibles sobre la evolución del derecho familiar en México. Tradicionalmente, la verdad biológica ha sido un pilar fundamental. Sin embargo, esta decisión marca un giro hacia una concepción más funcional de la paternidad, donde los aspectos legales y sociales pueden prevalecer sobre los biológicos cuando la ley lo establece. Esto no significa que la ciencia sea ignorada, sino que su validez está sujeta a los marcos procesales que protegen otros bienes jurídicos, como la estabilidad familiar y el interés del menor.

Para los ciudadanos, el mensaje es claro: la acción legal debe ser oportuna. En materia de filiación, el tiempo no es solo dinero, es un recurso jurídico que se pierde. La lección principal es que la verdad biológica debe ser invocada dentro de los plazos legales estrictos; de lo contrario, la ley consolidará una realidad jurídica que la ciencia no podrá desmentir retroactivamente. Este precedente de la SCJN servirá como advertencia para futuros casos, reforzando la necesidad de actuar con celeridad en la defensa de los derechos de paternidad y evitando la incertidumbre legal a largo plazo.**

La resolución de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 5065/2025 cierra un ciclo jurídico, pero abre un debate sobre la equidad de imponer obligaciones económicas basadas en una filiación no biológica. Sin embargo, el derecho mexicano, a través de este fallo, ha dejado claro que la estabilidad y la seguridad jurídica son pilares que no pueden ser sacudidos por pruebas tardías, incluso cuando estas son científicamente concluyentes.