Sheinbaum delega en el INE el conflicto laboral y en la FGR el caso Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes a dos conflictos abiertos en el Instituto Nacional Electoral con una misma fórmula: remitirlos a las instancias que, según su lectura, tienen la competencia. Sobre el paro y las manifestaciones de trabajadores de los módulos de atención ciudadana, que perciben entre cinco mil y nueve mil pesos, señaló que corresponde al Consejo General del INE atender sus condiciones laborales y salariales. Sobre la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, sostuvo que será la Fiscalía General de la República la que determine si existen elementos para un procedimiento penal, mientras la Auditoría Superior de la Federación resolverá lo administrativo.

La declaración tiene un significado público que va más allá de dos respuestas puntuales. Sheinbaum fija una frontera entre el Ejecutivo y el organismo autónomo: no ofrece mediación presidencial en el conflicto laboral ni anticipa una posición sobre el caso Taddei. Esa delimitación es coherente con el discurso de respeto a la autonomía de los órganos constitucionales, pero también traslada el costo político de ambas decisiones al INE y a la FGR, instituciones que quedan expuestas ante la opinión pública sin que el gobierno federal cargue con el desgaste.

El conflicto laboral no es menor. Los trabajadores de los módulos de atención ciudadana son la cara visible del INE ante millones de mexicanos que acuden a tramitar credenciales, y un paro afecta directamente el servicio. Al señalar que el Consejo General debe garantizar condiciones laborales adecuadas, la presidenta reconoce implícitamente que el problema existe, pero no compromete recursos federales ni una solución desde el Ejecutivo. La pregunta que queda flotando es si el INE tiene margen presupuestal para atender la demanda salarial sin un ajuste que dependa, en última instancia, de la Secretaría de Hacienda.

La lectura política

El caso Taddei es más delicado. La expresidenta del INE enfrenta investigaciones y, según la versión que se le planteó a la presidenta, existiría un presunto acuerdo para evitar que enfrente un proceso penal. Sheinbaum evitó pronunciarse sobre esa versión y reiteró que las responsabilidades penales y administrativas deben resolverse por las instituciones correspondientes. La negativa a comentar el presunto acuerdo puede leerse como prudencia institucional, pero también deja sin desmentir una especulación que, si persiste, erosiona la credibilidad del proceso.

Quien gana margen de maniobra es el Ejecutivo: no se involucra en el conflicto laboral ni en la definición penal del caso Taddei, y conserva la posibilidad de criticar o respaldar lo que resuelvan las instituciones sin haberse comprometido antes. Quien pierde margen es el Consejo General del INE, que queda como responsable único de un conflicto salarial que no controla del todo, y la FGR, que deberá decidir sobre una figura de alto perfil con la mirada pública encima. La oposición podría argumentar que la presidenta esquiva su responsabilidad política sobre un organismo cuyo presupuesto, según ella misma ha planteado, debe reducirse.

El antecedente inmediato ayuda a leer el contexto: días antes, Sheinbaum anunció un proyecto para fortalecer Talleres Gráficos del INE, sanear el organismo y reducir los costos de las elecciones, al considerar inflados los 37 mil millones de pesos del presupuesto. Esa iniciativa coloca al Ejecutivo en una posición activa frente al INE en materia presupuestal, lo que contrasta con la abstención que ahora muestra en el conflicto laboral y en el caso Taddei. La contradicción no es necesariamente un error, pero sí un flanco que la oposición puede explotar: el gobierno opina sobre el presupuesto del INE, pero no sobre sus trabajadores ni sobre su expresidenta.

Qué sigue

El Consejo General del INE deberá responder al paro con una propuesta concreta sobre salarios y condiciones laborales, y explicar de dónde saldrían los recursos. La FGR tiene en sus manos la determinación sobre Taddei, y la ASF la parte administrativa; ambas decisiones serán escrutadas públicamente. La presidenta, mientras tanto, mantendrá probablemente la misma fórmula de remisión institucional, salvo que el conflicto laboral escale y afecte el servicio de credencialización, escenario en el que el Ejecutivo difícilmente podrá permanecer al margen. Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no hay evidencia pública sobre el contenido del presunto acuerdo en el caso Taddei ni sobre el estado procesal real de las investigaciones.