POLÍTICA · MEDIUM
Sinaloa debate nacionalidad única para gobernadores
Morena, PAS y PVEM presentan reformas a la Constitución local para impedir que el Ejecutivo estatal tenga doble nacionalidad.
El Congreso de Sinaloa recibió tres iniciativas de Morena, PAS y PVEM para reformar la Constitución local y exigir nacionalidad única a quien aspire a la gubernatura. Las propuestas buscan que el gobernador sea mexicano por nacimiento, no adquiera otra nacionalidad y renuncie a ella antes de registrarse. El debate abre un flanco institucional sobre elegibilidad y lealtad estatal.
El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este martes a seis nuevas iniciativas, tres de ellas orientadas a reformar la Constitución local para establecer la nacionalidad única como requisito para ocupar la gubernatura. Las propuestas fueron presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Sinaloense (PAS) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y buscan que quien aspire a gobernar Sinaloa sea mexicano por nacimiento, no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, en caso de contar con una distinta, renuncie a ella antes de solicitar su registro como candidato.
La discusión no es menor: toca el artículo 56 de la Constitución local y define quién puede ser elegible para el Poder Ejecutivo estatal. Morena plantea reformar la fracción I de ese artículo para mantener el requisito de ser originario de Sinaloa o contar con residencia efectiva de al menos cinco años anteriores a la elección, y añadir restricciones para impedir que quien ejerza la gubernatura adquiera o solicite otra nacionalidad, utilice documentos de identidad extranjeros o invoque ante autoridades de otro país una ciudadanía distinta a la mexicana. El PAS, junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, presentó una propuesta para adicionar dos párrafos al mismo artículo con disposiciones similares. El diputado Juan Carlos Villa Romero, coordinador del PVEM, planteó modificar el primer párrafo y adicionar otro para establecer estas restricciones como requisitos constitucionales.
El hecho revela una convergencia legislativa inusual entre tres fuerzas distintas en torno a un mismo filtro de elegibilidad. No se trata de una reforma electoral ordinaria ni de un ajuste administrativo: es una modificación al texto constitucional estatal que, de aprobarse, cambiaría las reglas de acceso al cargo de mayor jerarquía en Sinaloa. La coincidencia de Morena, PAS y PVEM sugiere que el tema tiene tracción política suficiente para colocarse en la agenda legislativa, aunque no garantiza por sí sola la aprobación ni la velocidad del proceso.
La lectura política
Quien gana margen de maniobra es el Congreso, que recupera protagonismo en la definición de las reglas sucesorias del Ejecutivo estatal. Al colocar el requisito de nacionalidad única en la Constitución local, la Legislatura se posiciona como árbitro de elegibilidad y no solo como receptora de iniciativas. Para los partidos que impulsan la reforma, el movimiento les permite marcar perfil político en un tema de soberanía y lealtad institucional, sin que ello implique todavía un costo legislativo concreto.
Quien pierde margen, en cambio, es cualquier aspirante o funcionario con doble nacionalidad o vínculos documentales extranjeros, que quedaría expuesto a un escrutinio constitucional más estricto. La propuesta no se limita al momento del registro: alcanza también el ejercicio del cargo, al impedir que quien gobierne adquiera otra nacionalidad o invoque ciudadanía distinta ante autoridades extranjeras. Eso amplía el cerco más allá de la candidatura y toca la conducta del gobernador en funciones.
Institucionalmente, lo que cambia es el estándar de elegibilidad para la gubernatura, que pasaría de un requisito general a una restricción explícita y verificable. Si las reformas prosperan, el Congreso deberá armonizar el texto constitucional local con las disposiciones sobre nacionalidad y definir mecanismos de verificación. El debate también abre la pregunta sobre qué autoridad certificaría la renuncia a otra nacionalidad y en qué momento del proceso electoral se exigiría.
El flanco más delicado es que las tres iniciativas no son idénticas: difieren en el articulado y en el alcance de las restricciones. Morena propone reformar la fracción I del artículo 56; el PAS adiciona párrafos; el PVEM modifica el primer párrafo y adiciona otro. Esa dispersión técnica obliga a una discusión de armonización legislativa que puede diluir o endurecer el requisito, y que definirá el verdadero alcance de la reforma.
Qué sigue
El Congreso deberá procesar las tres iniciativas conforme a sus reglas internas: dictamen, discusión y eventual votación. Al tratarse de reformas constitucionales locales, se requiere una mayoría calificada que aún no está confirmada en la evidencia disponible. Falta conocer el sentido de las bancadas del PAN y de otras fuerzas, así como el calendario legislativo. También queda pendiente saber si las propuestas se acumularán en un solo dictamen o se discutirán por separado, lo que incidirá en el resultado. Por ahora, el hecho verificable es que el tema está en la agenda del Congreso de Sinaloa y que tres partidos coinciden en colocar la nacionalidad única como filtro para gobernar el estado.