POLÍTICA · MEDIUM
Trabajadores judiciales paran en Oaxaca contra evaluación del PJF
El personal de carrera judicial rechaza el esquema publicado en el DOF y exige una mesa de diálogo. La evaluación de 2026 será diagnóstica, pero el acuerdo prevé constancias de permanencia después.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca se sumaron al paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación publicado en el DOF el 5 de noviembre. El examen de competencias pesa 40% de la calificación. Exigen dejar sin efectos el acuerdo y abrir diálogo. El OAJ sostiene que la evaluación de 2026 será solo diagnóstica, pero contempla constancias de permanencia para ejercicios poste
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Oaxaca se sumaron este 6 de noviembre a la movilización nacional contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre. Las protestas se realizaron en las sedes de Reyes Mantecón y de la avenida Juárez, frente al parque El Llano, en la capital oaxaqueña, y se replicaron en Salina Cruz y otras entidades donde se anunciaron suspensiones de labores.
El conflicto no es abstracto: toca la permanencia en el cargo. La inconformidad se dirige contra el acuerdo del Órgano de Administración Judicial que regula la evaluación de secretarios, actuarios y oficiales judiciales, y que los trabajadores perciben como una amenaza para sus plazas y derechos laborales. El esquema combina un examen de competencias que pesa 40% de la calificación con capacitación, productividad, calidad del trabajo, conducta profesional y valoraciones de superiores y compañeros.
La vocera del movimiento nacional, Patricia Aguayo Bernal, resumió la postura del grupo: «Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación.» Los inconformes no rechazan ser evaluados; demandan dejar sin efectos el acuerdo y abrir una mesa de diálogo para que el mecanismo tenga fines de preparación profesional y no de control laboral.
El calendario apremia. Los temarios se publicarán el 17 y 18 de noviembre; el primer examen se aplicará el 4 de diciembre a secretarios, el 8 a actuarios y el 14 y 15 a oficiales judiciales. Esa secuencia explica la urgencia del paro: cualquier negociación tendría que cerrarse antes de que arranquen las pruebas.
La lectura política
El acuerdo introduce una distinción que el OAJ usa como escudo y que los trabajadores leen como advertencia. Para 2026 la evaluación será exclusivamente diagnóstica y, según el texto, no tendrá consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Pero para los ejercicios ordinarios posteriores contempla constancias de permanencia por uno o dos años según el resultado, acciones obligatorias de fortalecimiento y procedimientos ante evaluaciones insuficientes. Es ahí donde se juega el margen de maniobra.
Quien gana terreno con este diseño es el OAJ y, por extensión, la estructura de mando del PJF: el acuerdo les entrega la rectoría del personal de carrera mediante un instrumento que combina examen y valoraciones de superiores. Quien pierde certeza son los trabajadores de base, que ven sustituida la estabilidad asociada a la antigüedad por un régimen de constancias temporales. La pregunta que el texto deja abierta —y que la evidencia no permite responder— es quién califica la parte de valoraciones de superiores y compañeros, y con qué contrapesos. Ese vacío es el núcleo del conflicto.
La movilización también tiene una lectura de geometría institucional. Un paro que se extiende a Oaxaca, Salina Cruz y otras entidades presiona al PJF en un momento de relación tensa con el Ejecutivo federal por la reforma judicial. El movimiento de trabajadores no es el de los jueces y ministros; es el del personal de carrera, y esa distinción importa porque fragmenta la posición del Poder Judicial frente a su propio órgano administrativo.
Qué sigue
La ruta depende de dos decisiones. La primera es si el OAJ acepta abrir la mesa de diálogo antes del 4 de diciembre; la segunda es si los trabajadores mantienen el paro o lo levantan con algún gesto institucional. Si el calendario avanza sin acuerdo, el primer examen se aplicará sobre un conflicto abierto.
También está por verse el alcance real de la cláusula diagnóstica: si 2026 no tiene consecuencias, el año clave es el siguiente, y la negociación de los criterios de las valoraciones subjetivas definiría el resto. Por ahora, lo verificable es que el personal de carrera judicial convirtió una norma administrativa en un conflicto político y que su demanda —evaluar para capacitar, no para desplazar— interpela directamente al órgano que administra al Poder Judicial.