Auditoría del INE halla 25.7 millones sin justificar en pleno año electoral

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) documentó pagos injustificados por 25.7 millones de pesos a Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, contratista del sistema que verifica el cumplimiento de los tiempos de radio y televisión de partidos y candidaturas. La auditoría, correspondiente al periodo de enero de 2023 a septiembre de 2025, también detectó que no se aplicaron penalizaciones pese a incumplimientos del proveedor. El dato importa más allá del monto: toca el área que produce la evidencia con la que el árbitro electoral sanciona o absuelve a los partidos.

El contrato INE/109/2021 se adjudicó por licitación pública por 366 millones 744 mil pesos, con vigencia del 15 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2026. Cubre la renovación tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), infraestructura que opera los 365 días del año para cotejar la transmisión real de spots contra las órdenes de prelación del INE. El OIC identificó 16 millones 140 mil pesos sin documentación que acredite las licencias adquiridas y aceptadas en el contrato. A esa cifra se suman 6 millones 756 mil pesos por soporte técnico remoto y en sitio sin acreditar en qué consistió, y 2 millones 890 mil pesos pagados antes de la fecha establecida en el instrumento jurídico.

El informe, firmado por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, advierte "una deficiente administración y vigilancia del contrato" por parte de los administradores. También señala la falta de acreditación y aplicación de penas por incumplimiento, con 677 tickets de soporte técnico remoto pendientes de atender. El OIC emitió recomendaciones preventivas para documentar mecanismos de control y supervisión, mitigar riesgos de incumplimiento y asegurar la calidad de los entregables. Es decir: hasta ahora hay observaciones y recomendaciones, no una resolución sancionadora contra personas ni una determinación de responsabilidades administrativas.

El hallazgo se suma a un expediente de cuestionamientos sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE. La evidencia menciona contratos a Consorcio Zeg, cuyo apoderado legal habría trabajado como chofer de la presidenta del organismo, y a Cajas Graf, filial que obtuvo un contrato por 197 millones de pesos; ambas compañías estarían bajo revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante indicios de operar como factureras, según lo reportado por el diario Reforma. El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones pidió a Taddei "reflexionar seriamente su salida" del organismo por lo que llamó un manejo poco escrupuloso de la administración.

La lectura política

El punto sensible no es el monto, sino el objeto del contrato: el SIVEM es la herramienta con la que el INE vigila los tiempos oficiales de radio y televisión, es decir, el terreno donde se dirimen sanciones y equidad de la contienda. Un sistema de monitoreo con pagos sin soporte y tickets sin atender debilita la trazabilidad de esa evidencia en un ciclo electoral que ya arrancó formalmente hacia 2027.

La auditoría no imputa delito ni finca responsabilidad a Taddei: describe deficiencias administrativas en la ejecución de un contrato plurianual que nació en 2021, antes de su presidencia, y que se ejecutó durante su gestión. Esa distinción importa para no convertir una observación del OIC en una condena. Pero políticamente funciona como un dato más en una narrativa de desgaste: la presidenta del árbitro acumula señalamientos sobre contratos y ahora sobre control interno, justo cuando el INE debe administrar el proceso que desembocará en la sucesión presidencial de 2027.

El incentivo de los críticos es claro: cada hallazgo refuerza la exigencia de salida o de rendición de cuentas y presiona la autonomía del organismo. El incentivo de Taddei y su equipo es acotar el daño, acreditar la solventación de observaciones y evitar que el tema escale al ámbito legislativo o a la fiscalización superior. El OIC opera como filtro técnico: si las observaciones se solventan, el caso se diluye; si no, se convierte en insumo para el escrutinio público y para quienes buscan reordenar el equilibrio interno del INE.

No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto: hay una disputa por la credibilidad institucional del árbitro en el arranque del ciclo. La señal que envía a partidos y aliados es que el INE entra a 2027 con su gestión administrativa bajo la lupa, lo que puede traducirse en mayor presión sobre sus decisiones de fiscalización y equidad.

Qué sigue

El OIC deberá dar seguimiento a la solventación de las observaciones y verificar si se acredita la documentación de licencias, la justificación del soporte técnico y la aplicación de penas por los 677 tickets pendientes. Corresponde también definir si se abren procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que administraron y vigilaron el contrato. En paralelo, el INE enfrenta el escrutinio legislativo y público sobre el resto de sus contratos, y la presión política sobre la presidencia del organismo no muestra señales de ceder.