INE aprueba 31 mil 431 millones para 2027 con partidos intocables

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2027 por 31 mil 431 millones de pesos. De esa cifra, 10 mil 842 millones se asignan al financiamiento público de los partidos políticos y 4 mil 736 millones quedan como partida precautoria para una eventual consulta popular o revocación de mandato. El monto no es un dato administrativo menor: define el terreno material de la elección federal de 2027 y llega en un momento en que el propio gobierno federal insiste en que no hay recursos disponibles para el resto del gasto.

El anteproyecto del INE incluye 10 mil 842 millones para partidos y 4 mil 736 millones precautorios para una eventual consulta popular o revocación de mandato. La estructura del gasto reproduce la lógica de ciclos anteriores: el financiamiento a partidos opera como piso constitucional y la partida precautoria funciona como reserva que sólo se activa si el Congreso o el Ejecutivo deciden convocar un ejercicio de participación ciudadana. En la práctica, esa reserva es también una señal de que el árbitro electoral se prepara para escenarios que aún no están definidos legalmente.

El contraste político es inmediato. En la misma semana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que "no hay dinero" y que el presupuesto de 10.6 billones previsto para 2027 será insuficiente frente a las demandas del campo, la salud y las universidades públicas. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, pidió al INE aclarar supuestas contrataciones multimillonarias con proveedores de material electoral y anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación informar sobre Talleres Gráficos. El anteproyecto del INE llega, así, a una Cámara donde el partido mayoritario ya declaró que el margen de reasignación es mínimo.

La lectura política

El anteproyecto cumple una función que va más allá de fijar cifras. El financiamiento a partidos opera como un blindaje constitucional que ningún actor puede recortar sin costo político, y el INE lo coloca en el centro de la negociación presupuestal. Al separar 10 mil 842 millones para partidos y 4 mil 736 millones para una consulta eventual, el Consejo General envía una señal a los legisladores: el árbitro electoral no negocia su autonomía financiera y, al mismo tiempo, deja abierta la puerta a un ejercicio de participación que podría activarse por decisión política.

El incentivo de los partidos es claro. Ninguno quiere aparecer votando contra su propio financiamiento, pero tampoco quiere cargar con el costo de aprobar un presupuesto que el gobierno describe como inviable. La Cámara de Diputados queda en la posición de decidir si recorta el gasto electoral o si asume el costo público de mantenerlo intacto mientras recorta salud, campo o universidades. Esa disyuntiva no es nueva, pero en 2027 adquiere un peso adicional porque la elección federal concurrente definirá la composición del Congreso y varias gubernaturas.

La partida precautoria de 4 mil 736 millones merece una lectura separada. No constituye por sí misma una convocatoria a consulta popular ni a revocación de mandato: eso requeriría una decisión política y legal que aún no ocurre. En la práctica, la reserva funciona como un mecanismo de preparación financiera para un escenario que el Ejecutivo o el Congreso podrían activar, y su sola inclusión envía una señal de que el INE se prepara para esa eventualidad. El límite es claro: no hay convocatoria, no hay fecha y no hay resolución que la ordene.

El equilibrio interno del Consejo General también importa. La aprobación del anteproyecto no fue un acto aislado: se suma a una serie de decisiones recientes del mismo órgano, como los lineamientos para la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado, la integración de comités técnicos para evaluar el padrón y los conteos rápidos, y las multas por afiliaciones indebidas que acumulan sanciones contra Morena. El INE se posiciona como un actor que ordena el calendario electoral de 2027 mientras el gobierno federal cuestiona sus contrataciones y su gasto.

Qué sigue

El anteproyecto deberá ser enviado a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. La discusión se dará en el marco de la negociación por el presupuesto 2027, con el plazo constitucional de aprobación antes del cierre del año. En paralelo, el INE deberá responder a las solicitudes de información sobre sus contrataciones y la Secretaría de Gobernación tendrá que informar sobre Talleres Gráficos. El calendario electoral también avanza: el cierre de registros para el voto anticipado está previsto para el 25 de enero.

Actualización

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