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Diputado de Coahuila pide investigar a Taddei; el INE entra en la contienda de 2027
Un punto de acuerdo del panista Gerardo Aguado Gómez busca que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control del INE y a la ASF a revisar contratos y proveedores ligados a la gestión de Guadalupe Taddei. La renuncia, argumenta, no extingue responsabilidades.
El diputado local Gerardo Aguado Gómez, del grupo Alianza Coahuila del PAN, presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control del INE y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar presuntos actos de corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei. El legislador sostiene que su salida no debe convertirse en un carpetazo y advierte que el caso
El diputado local Gerardo Aguado Gómez presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar las denuncias por presuntos actos de corrupción vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del instituto. La iniciativa, a la que se sumaron integrantes del grupo parlamentario Alianza Coahuila del PAN, no abre por sí misma una indagatoria: pide que las autoridades competentes la realicen dentro de sus atribuciones y, si los hechos se acreditan, finquen responsabilidades.
El punto de acuerdo retoma investigaciones periodísticas que han señalado una relación cercana entre Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con empresas proveedoras del INE, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg. También refiere posibles nexos entre colaboradores del Instituto y dichas compañías, además de videos difundidos públicamente sobre encuentros privados con uno de los contratistas. Aguado precisó que estos señalamientos deben verificarse con pruebas, debido proceso y una revisión independiente.
El legislador sostuvo que “renunciar no es rendir cuentas” y que la salida de Taddei no puede convertirse en un carpetazo. Su planteamiento busca que se esclarezca quién autorizó los contratos, quién se benefició, qué servidores públicos intervinieron y si existieron conflictos de interés, simulación o triangulación de recursos. Para ello invoca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que faculta al órgano de control para conocer de infracciones administrativas cometidas por la presidencia y las consejerías del Instituto.
Aguado también advirtió que el caso rebasa la conducta de una sola funcionaria porque golpea la credibilidad de la autoridad encargada de organizar las elecciones. “Este escándalo le dio en la torre a la confianza ciudadana en el árbitro electoral”, afirmó, y agregó que la elección puede realizarse conforme al calendario, pero su legitimidad se debilita si millones de mexicanos dudan de la imparcialidad de quien la organiza. En su exposición, el diputado panista señaló que Morena no puede fingir ajenidad frente a la crisis de un perfil identificado por su cercanía con el oficialismo, ni aprovechar su salida para colocar a otra persona subordinada al poder. También alertó sobre el riesgo de que el gobierno utilice el deterioro provocado por el caso como argumento para debilitar al Instituto o reactivar intentos de desaparecerlo.
La lectura política
El movimiento tiene una función práctica distinta a su nombre formal. Un punto de acuerdo en un congreso local no investiga ni sanciona: funciona como una plataforma de posicionamiento para instalar el tema en la agenda pública y presionar a los órganos de control federales. El PAN de Coahuila no gobierna el INE ni la ASF, pero puede usar el Congreso estatal como caja de resonancia para obligar a otros actores a pronunciarse.
El incentivo es doble. Por un lado, el panismo busca capitalizar el desgaste de una consejera presidenta identificada con el oficialismo y colocar la credibilidad del árbitro electoral como tema de campaña rumbo a 2027. Por otro, el punto de acuerdo envía una señal a los aliados y adversarios del partido: el PAN quiere aparecer como el actor que exige rendición de cuentas, no como el que protege a un funcionario cuestionado.
El límite es claro. No existe aún una candidatura formal ni una precandidatura de facto en juego; lo que hay es un posicionamiento legislativo que busca ordenar el debate sobre quién debe conducir el INE. La renuncia de Taddei, si se confirma, no extingue posibles responsabilidades administrativas, pero tampoco equivale a una sentencia. La investigación periodística y los videos son señalamientos que requieren verificación documental. El punto de acuerdo lo reconoce al pedir pruebas y debido proceso.
El equilibrio interno del PAN también importa. Al sumarse el grupo parlamentario Alianza Coahuila, el diputado local convierte una iniciativa individual en una postura de bancada, lo que eleva el costo político de que otro actor del partido la ignore o la minimice. Es una forma de medir lealtades y de fijar posición antes de que el tema escale a la arena nacional.
Qué sigue
El punto de acuerdo deberá ser turnado a la comisión legislativa correspondiente del Congreso de Coahuila para su análisis y eventual votación. Si se aprueba, el exhorto se remitirá al Órgano Interno de Control del INE y a la ASF, que tendrán que responder dentro de sus atribuciones y plazos. No hay fecha confirmada para la discusión en el pleno. La ASF, por su parte, define su programa anual de auditorías y no actúa por exhorto legislativo local, por lo que el efecto práctico dependerá de si el tema ya está en su agenda o de si el órgano de control del INE abre una indagatoria propia. El calendario electoral de 2027 avanza y la designación de la nueva conducción del Instituto será el siguiente punto de presión.