RUTA 27 · HIGH
INE revisa contratos con proveedor señalado y abre frente interno
Blanca Cruz ordenó verificar los convenios vigentes con empresas de José Alfredo Hernández Casillas y consultar al Órgano Interno de Control si hay procedimientos abiertos. La revisión llega tras quince renuncias en el instituto.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, anunció que revisará los contratos vigentes con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei. La revisión se suma a quince renuncias de funcionarios cercanos a Taddei y a la consulta al Órgano Interno de Control. El INE entr
La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, anunció que solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el listado de contratos vigentes con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Guadalupe Taddei. La revisión no es un gesto simbólico: toca la cadena de suministro del organismo que organiza las elecciones federales y llega en medio de una salida masiva de personal de la oficina de la presidencia.
En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Cruz precisó que pedirá información sobre "qué contratos tenemos, con qué empresas, quiénes son los representantes". También dará vista al Órgano Interno de Control (OIC) para saber si existen procedimientos iniciados y si hay elementos para actuar sobre los convenios. La consejera advirtió que cualquier determinación debe ajustarse al marco jurídico, porque los contratos vigentes generan obligaciones recíprocas entre el instituto y los proveedores.
La revisión de contratos ocurre después de que doce funcionarios adscritos a la oficina de la presidencia renunciaron la noche del martes, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de esa oficina e identificado con Morena. A esas salidas se suman las de tres funcionarios de áreas estratégicas señalados por su cercanía con Taddei y por aparecer en imágenes con el empresario proveedor. Cruz dijo que las renuncias fueron voluntarias, que no descartan revisar responsabilidades y que se consultará al OIC antes de definir el pago de finiquitos.
El caso tiene un flanco que la propia consejera se encargó de acotar. Rechazó que la empresa que surtió material electoral en Puebla durante el proceso de 2024, cuando ella presidía el organismo local, esté vinculada con Hernández Casillas. Afirmó que la contratación se hizo por licitación pública nacional y que la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones a la Cuenta Pública 2024 del instituto poblano, aunque la revisión de la Auditoría Superior del Estado sigue en curso. Es una defensa anticipada: la sombra del proveedor señalado ya alcanza a quien hoy conduce el INE.
La lectura política
El movimiento funciona, en la práctica, como una operación de contención institucional antes que como una auditoría terminada. Cruz no anunció sanciones ni cancelaciones: ordenó levantar el mapa de contratos y preguntar al OIC qué expedientes existen. Esa secuencia importa porque le permite ganar margen de maniobra sin comprometer decisiones que dependen de otras instancias y sin exponerse a un choque frontal con los proveedores.
El incentivo es doble. Hacia adentro, la presidenta provisional necesita reconstruir autoridad tras una salida de personal que ella misma describió como no exhaustiva: "no quiere decir que son las únicas". Hacia afuera, el INE carga con un cuestionamiento público sobre contrataciones que la presidenta Claudia Sheinbaum ya llevó al terreno de la Auditoría Superior de la Federación, al pedir revisar también los años previos. Lorenzo Córdova respondió que sus gestiones fueron auditadas sin irregularidades. El resultado es un organismo electoral discutiendo su pasado administrativo en plena antesala del proceso 2027.
La revisión también envía una señal a los aliados y adversarios del instituto: la nueva conducción marca distancia de la red de Taddei, pero sin romper el equilibrio interno. Cruz prometió no usar las facultades extraordinarias que el Congreso otorgó a la presidencia y recuperar la toma de decisiones colegiada. Esa promesa es, a la vez, un gesto de legitimidad frente al Consejo General y un límite autoimpuesto: cualquier hallazgo relevante tendrá que pasar por el OIC y, eventualmente, por la Auditoría Superior de la Federación, no por la sola voluntad de la presidencia.
El costo político está en el calendario. Cada contrato revisado, cada finiquito condicionado y cada vista al OIC consume atención de un instituto que debe organizar elecciones en 2027 y que llega a esa tarea con su cúpula administrativa en reacomodo. La oposición tiene ya un flanco para exigir transparencia; el oficialismo, un argumento para recordar que Taddei llegó al INE con respaldo de un Consejo General que presidía Córdova. Ninguno de los dos puede reclamar limpieza sin abrir sus propios expedientes.
Qué sigue
La consejera solicitó formalmente la información a las direcciones ejecutivas de Administración y de Asuntos Jurídicos; el siguiente paso verificable es la entrega del listado de contratos y representantes legales. En paralelo, el OIC deberá informar si existen procedimientos abiertos contra los funcionarios salientes y si hay elementos para revisar los convenios vigentes. Cruz también anunció una revisión de perfiles en las titularidades de la estructura institucional, incluida la situación del secretario ejecutivo, Carlos Roberto Félix López, quien permanece en funciones de manera temporal. No hay fecha pública para esas definiciones.
Queda pendiente un dato que la evidencia no permite establecer: cuántos contratos están involucrados y qué monto representan. Sin esa cifra, la revisión es una promesa de transparencia; con ella, será una prueba de si el INE puede auditar su propia casa mientras organiza la elección de 2027.