RUTA 27 · MEDIUM
Maru Campos niega pacto con Sheinbaum por detención de Jáuregui en Chihuahua
La gobernadora admitió una reunión tensa con la presidenta el 19 de septiembre, pero rechazó que derivara en un acuerdo electoral. Su versión deja abierta la pregunta sobre el uso político de la justicia en la interna del PAN.

Maru Campos negó haber pactado con Claudia Sheinbaum la detención del exfiscal César Jáuregui, aspirante del PAN a la alcaldía de Chihuahua. Reconoció una reunión tensa el 19 de septiembre, con reclamos mutuos sobre seguridad y el operativo El Pinal. El caso Jáuregui sigue abierto en fueros estatal y federal, y su impacto en la interna panista y rumbo a 2027 permanece sin resolverse.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó haber pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, quien era aspirante del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos rechazó que su gobierno haya promovido la captura para eliminarlo de la contienda interna panista y sostuvo que no existió un acuerdo político con la Federación relacionado con el proceso electoral.
La declaración no es un dato menor: la gobernadora reconoció que sostuvo una reunión de casi una hora con Sheinbaum el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, en la que ambas elevaron la voz y abordaron seguridad, la presencia de agentes estadounidenses y el operativo El Pinal. Según su versión, el encuentro comenzó con reproches mutuos y se prolongó entre reclamos sobre coordinación federal y estatal. Esa admisión convierte una reunión privada en un hecho político relevante, aunque su contenido no fue grabado ni difundido oficialmente.
Campos afirmó que habló con Jáuregui en varias ocasiones antes de su captura y que le advirtió que su situación jurídica podía representar un riesgo político si avanzaba como aspirante. El exfiscal, según la gobernadora, mantuvo su intención de competir y respondió que estaba dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento judicial. La mandataria también reconoció coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, aunque sostuvo que el gobierno estatal desconocía que la FGR presentaría una imputación por traición a la patria, acusación que calificó de desproporcionada.
El caso Jáuregui continúa abierto en los fueros estatal y federal. Las afirmaciones de Campos sobre la reunión del 19 de septiembre constituyen, hasta ahora, su versión directa de un encuentro privado. No hay resolución judicial que acredite o descarte un pacto, y la propia gobernadora no presentó documentos que respalden sus señalamientos sobre presuntos vínculos de integrantes de Morena con grupos criminales.
La lectura política
La negativa de Campos funciona, en la práctica, como una defensa preventiva: si la detención de Jáuregui se percibe como una maniobra para ordenar la interna panista en la capital, la gobernadora pierde margen para influir en la sucesión municipal y queda expuesta ante su propio partido. La interna del PAN en Chihuahua capital no es un asunto menor: de ella depende la estructura territorial de cara a 2027 y la capacidad de la gobernadora para colocar aliados en la antesala de la sucesión estatal.
El incentivo de Campos es doble. Por un lado, necesita deslindarse de cualquier apariencia de acuerdo con la Federación, porque ese vínculo debilitaría su posición como opositora y daría munición a Morena. Por otro, su versión de que advirtió a Jáuregui sobre el riesgo jurídico coloca la responsabilidad en el exfiscal y no en el gobierno estatal, una operación política que busca preservar su capital político sin reconocer intervención en la contienda interna.
La señal para el panismo es ambigua. La detención de un aspirante en plena contienda interna puede leerse como un acto de justicia o como un mensaje sobre los límites de la disidencia. La gobernadora no ha sido formalmente señalada por la FGR, pero su testimonio deja abierta la pregunta sobre el uso político de la justicia en Chihuahua, un tema que la oposición nacional podría retomar rumbo a 2027. Para Morena, el episodio permite insistir en que la gobernadora carece de autoridad moral para acusar al gobierno federal de politizar la justicia.
El antecedente verificable ayuda a entender el contexto: Campos ha respaldado la reforma electoral de Chihuahua que permite anular elecciones por intervención del crimen organizado y ha pedido a la Suprema Corte confirmarla. Esa postura la coloca como defensora de la integridad electoral, pero también la obliga a un estándar más alto cuando se trata de explicar la detención de un rival interno.
Qué sigue
La FGR deberá definir si la imputación por traición a la patria contra Jáuregui se sostiene o se reclasifica, mientras la fiscalía estatal continúa su propia investigación por delitos del fuero común. El PAN de Chihuahua tendrá que resolver si mantiene o sustituye la aspiración de Jáuregui en la capital, decisión que medirá el peso real de la gobernadora en la interna. La Suprema Corte, por su parte, tiene pendiente el análisis de la reforma electoral local, un asunto que Campos ha convertido en bandera y que podría volver a colocarla en el centro del debate rumbo a 2027.