RUTA 27 · HIGH
Monreal fija 6 y 7 de diciembre para elegir al nuevo INE
El coordinador de Morena calcula cinco semanas de procedimiento, condicionado a que no haya obstáculos parlamentarios. La oposición quiere decidir quién evalúa a los aspirantes antes de que arranque la competencia.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, calculó que el procedimiento para elegir al nuevo presidente del INE tomará unas cinco semanas, con nombramiento posible entre el 6 y 7 de diciembre. La convocatoria se votaría el 4 de noviembre. La oposición exige controlar el comité evaluador. Está en juego quién conduce al árbitro electoral rumbo a 2027.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), calculó que el procedimiento para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tomará alrededor de cinco semanas, con un nombramiento posible entre el 6 y el 7 de diciembre, siempre que no haya obstáculos parlamentarios. El calendario no es un dato administrativo menor: fija la ventana en la que el Congreso definirá quién conduce al árbitro electoral durante los comicios de 2027.
La ruta anunciada contempla aprobar la convocatoria —prevista para el miércoles 4 de noviembre—, integrar un Comité Técnico de Evaluación, recibir registros, revisar expedientes, entrevistar aspirantes y llevar propuestas al pleno. Para nombrar a la nueva presidencia se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes; si no se alcanza esa mayoría, la Constitución prevé la insaculación. Mientras San Lázaro resuelve, Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE, designada por unanimidad por el Consejo General.
Monreal ha insistido en que no habrá dados cargados y que la designación debe salir de acuerdos entre las fuerzas políticas. También adelantó que existe consenso inicial para que quien sustituya a Guadalupe Taddei sea otra mujer, aunque la definición deberá quedar establecida en la convocatoria. El problema es que esas palabras no han disipado las dudas opositoras: el primer campo de batalla es quién integrará el comité evaluador.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, planteó que los tres integrantes del comité que corresponden a la Cámara sean designados por los partidos de oposición y los otros dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su argumento es que no puede dejarse en manos del partido gobernante la selección de quienes evaluarán a los aspirantes. Moreira cuestionó incluso la independencia de la CNDH y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar que la credibilidad de 2027 depende de que el procedimiento no sea controlado por una sola fuerza. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, exigió una presidencia independiente, con solvencia moral y sin compromisos partidistas, y que la salida de Taddei no cierre las investigaciones sobre contratos cuestionados.
Desde el PAN, José Elías Lixa coincidió en que la primera prueba será la integración del comité y advirtió sobre el riesgo de colocar perfiles afines al oficialismo, como —sostuvo— ocurrió en procesos anteriores. Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, propuso abrir el procedimiento a universidades, colegios de abogados y organizaciones civiles, y revisar las atribuciones de la presidencia para que no concentre facultades que corresponden a órganos colegiados.
La lectura política
El calendario de Monreal funciona, en la práctica, como una operación para ordenar la sucesión desde la Jucopo antes de que la oposición logre fijar las reglas. Al anunciar fechas cerradas, el coordinador morenista desplaza la discusión del fondo —quién evalúa y con qué criterios— hacia el cumplimiento de un cronograma. Quien controla el tiempo del procedimiento controla también el margen para negociar el comité evaluador.
La aritmética es el dato duro: Morena y sus aliados cuentan con mayoría suficiente para alcanzar las dos terceras partes, de modo que la oposición no puede imponer su diseño del comité por votos. Su palanca es política, no numérica: condicionar la legitimidad del resultado. Por eso PRI, PAN y MC coinciden en exigir garantías de imparcialidad aunque sus propuestas difieran —el PRI quiere nombrar evaluadores, el PAN impedir que Morena los controle, MC abrir el proceso a la sociedad—. La oposición quiere discutir las reglas antes de que empiece la competencia por el cargo, porque sabe que después solo podrá impugnar el resultado.
El consenso sobre que la nueva presidencia sea mujer opera como señal de apertura, pero no resuelve el punto que realmente importa rumbo a 2027: si el árbitro electoral llegará a los comicios con autoridad cuestionada o con un mandato reconocido por todas las fuerzas. La salida de Taddei no cierra la disputa; la reubica en el Congreso. Y la amenaza latente de la insaculación, si no hay acuerdo, convierte la negociación en un juego de suma riesgosa para todos.
Qué sigue
El miércoles 4 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados discutiría y votaría la convocatoria. Después vendrá la integración del Comité Técnico de Evaluación —el punto de mayor fricción—, el registro de aspirantes y la revisión de trayectorias. Si se cumple el calendario de Monreal, el nombramiento se concretaría entre el 6 y el 7 de diciembre. La pregunta verificable en esas cinco semanas es si la oposición logra incidir en la composición del comité o si el oficialismo impone su mayoría y deja la legitimidad del proceso en manos de la impugnación posterior.