Morena exige investigar contratos del INE más allá de Taddei

Morena convirtió el escándalo de contrataciones en los organismos electorales en una exigencia de investigación que no se detenga en Guadalupe Taddei. En un comunicado difundido el domingo 1 de noviembre de 2026, el partido pidió una “investigación profunda” sobre las presuntas irregularidades detectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLES), y establecer responsabilidades de funcionarios y proveedores. La demanda llega después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE y en pleno arranque del ciclo que desembocará en las elecciones de 2027.

El comunicado no se limita al presente. Morena pidió establecer quién autorizó los contratos bajo investigación, quiénes son los proveedores, desde cuándo participan, quiénes se beneficiaron y por qué no se corrigieron irregularidades detectadas antes. La pregunta por la omisión es la parte más incisiva: desplaza el foco de la funcionaria saliente hacia las administraciones previas y hacia los órganos de control que, según el propio partido, documentaron observaciones desde la época del Instituto Federal Electoral (IFE).

El partido citó como antecedente un contrato de 2015, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, para el arrendamiento de vehículos con la empresa Jet Van por un monto cercano a mil millones de pesos, cuyo costo fue cuestionado por la entonces Contraloría. También recordó sus señalamientos sobre los procesos electorales de 2006 y 2012. “La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos”, sostuvo.

El terreno probatorio ya está trazado por dos instancias. El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó el viernes previo que el órgano inició una investigación de oficio tras identificar operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026; 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales. La revisión abarcará operaciones desde el año 2000 y buscará posibles acuerdos entre proveedores, simulación de operaciones, sobreprecios y conflictos de interés.

Por separado, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó en la Cámara de Diputados que cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos de organismos electorales locales por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. El OIC describió un posible esquema de colusión: empresas con socios o representantes compartidos que simulaban competencia y presentaban cotizaciones elevadas para favorecer a otra compañía del mismo grupo. El propio órgano aclaró que se trata de un estudio preliminar y que el monto corresponde al valor de los contratos identificados, no a un daño patrimonial comprobado. Cinco servidores públicos enfrentan procedimientos por faltas administrativas graves y 13 expedientes siguen en investigación.

La lectura política

La exigencia de Morena cumple una función que va más allá de la rendición de cuentas. Al pedir que la indagatoria alcance a Córdova y a la era del IFE, el partido traslada el costo político del escándalo hacia administraciones identificadas con la oposición y evita que el caso quede encerrado en la gestión de Taddei, designada en 2023. Es una operación de encuadre: el mismo expediente que cuestiona la integridad del árbitro electoral sirve para desacreditar el pasado reciente del organismo y, de paso, para reclamar legitimidad sobre su reconfiguración.

El movimiento también envía una señal hacia adentro. En la Cámara de Diputados, el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar planteó que se determinen responsabilidades administrativas y penales contra Taddei. La frase “no defenderemos a nadie que haya incurrido en corrupción, sin importar nombres, apellidos o relaciones personales” funciona como advertencia a redes internas y como mensaje de que el partido no cargará con la defensa de una funcionaria cuya salida ya ocurrió.

Hay un límite que conviene precisar: hasta ahora no existe resolución que acredite responsabilidad penal de Taddei ni de los ex presidentes del INE; lo que hay son investigaciones de oficio, un estudio preliminar del OIC y procedimientos administrativos en curso. La exigencia de Morena es una posición política, no una sentencia. Y esa distinción importa rumbo a 2027: si la ASF y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no logran conclusiones verificables antes del arranque formal de las precampañas, el caso quedará como munición retórica en lugar de sanción efectiva.

El incentivo de fondo es el control del árbitro. Con la presidencia del INE vacante y una reforma a sus facultades en discusión entre senadores de Morena, el partido gana margen para influir en el perfil del relevo y en el diseño institucional que operará la elección de 2027. Quien define las reglas de fiscalización y contratación del organismo define también parte del terreno de la contienda.

Qué sigue

La ASF deberá entregar resultados de su revisión de oficio y dar seguimiento a los 32 oficios enviados a gobiernos estatales y OPLES. El OIC del INE tiene 13 expedientes abiertos que pueden derivar en vistas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En paralelo, el Senado enfrenta la definición de la presidencia del INE y la eventual discusión de una reforma a sus facultades. La pregunta verificable es si alguna de estas rutas produce sanciones firmes antes de que inicien formalmente las precampañas de 2027.