OIC del INE propone reglas nacionales de contratación electoral

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso a la Cámara de Diputados impulsar una política nacional para regular las contrataciones electorales y una estrategia nacional de fiscalización que coordine al OIC del INE con los órganos de control de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de los estados. La propuesta no es un trámite menor: llega en medio de una auditoría que detectó documentación presuntamente falsa, conflictos de interés ocultos y precios sin justificación técnica, y el mismo día en que Guadalupe Taddei presentó su renuncia formal a la presidencia del INE.

El informe del OIC, a cargo de Víctor Hugo Carvente, sostiene que existen diferencias entre los precios y criterios que usa el INE y los que aplican los 32 OPLE, lo que impide comparar costos y abre la puerta a variaciones sin sustento técnico. De ahí la propuesta: especificaciones técnicas homologables, estudios nacionales de mercado, bases de datos históricas, precios de referencia y un catálogo nacional de bienes para todo el sistema electoral.

El diagnóstico se apoya en la auditoría A07-ADQ-2026, notificada el 9 de octubre con 45 cédulas de observaciones preliminares sobre contrataciones realizadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. La revisión involucró a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

El OIC reportó 20 sanciones desde enero de 2025: 19 inhabilitaciones —14 a funcionarios y exfuncionarios y cinco a particulares—, una suspensión de 30 días y 1.6 millones de pesos en sanciones económicas. Entre los casos está Bell-Krom, S.A. de C.V., inhabilitada el 2 de octubre por incumplir la entrega de 25 mil 302 chamarras para supervisoras y capacitadoras-asistentes del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

El propio Carvente ha precisado el límite de su facultad: el OIC no revisa ni autoriza previamente las contrataciones, pero sí investiga la veracidad de las declaraciones patrimoniales y abre expedientes cuando detecta discrepancias. En su comparecencia del 9 de septiembre ante diputados reportó depósitos bancarios de personas o entidades que habían contratado servicios con el INE y omisiones de ingresos de hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.

La lectura política

La propuesta funciona, en la práctica, como una salida institucional a un problema de credibilidad: si el OIC no puede frenar las contrataciones antes de que ocurran, busca que las reglas se fijen antes y no después del escándalo. Homologar precios y coordinar fiscalización con los OPLE y la ASF traslada el control del gasto electoral de la discrecionalidad de cada área contratante a un marco compartido. Eso redistribuye poder: resta margen a las coordinaciones del INE que hoy definen compras y se lo entrega a órganos de control y a la Cámara de Diputados, que además aprueba el presupuesto.

El momento importa. La renuncia de Taddei y las acusaciones cruzadas sobre contrataciones colocan al árbitro electoral en el centro de la disputa política. El PAN, por conducto de José Elías Lixa, ya anunció un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Carvente ante comisiones y la Jucopo, y sostuvo que la salida de la consejera presidenta no debe cerrar las investigaciones. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, dijo que conocía las indagatorias desde hace unos seis meses y que no han concluido por el debido proceso.

Rumbo a 2027, la señal es doble: para los aliados del INE, la propuesta ofrece un relato de orden y control interno; para sus adversarios, confirma que el organismo llega al proceso electoral con expedientes abiertos y sin reglas homogéneas de compra. Ninguna de las dos lecturas constituye aún una candidatura ni una precandidatura: no hay actor electoral en juego, sino una disputa por la autonomía y la reputación del árbitro. Lo que falta para sostener una lectura más fuerte es la respuesta de la Cámara: si la propuesta se convierte en iniciativa, en punto de acuerdo o se queda en el discurso.

Qué sigue

El PAN promoverá un punto de acuerdo para que Carvente comparezca ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia y ante la Jucopo; la fecha depende de la Junta de Coordinación Política. En paralelo, el OIC debe resolver los procedimientos en curso y turnar las faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La Cámara de Diputados tiene en sus manos convertir la propuesta en iniciativa de reforma o en un exhorto sin consecuencias. Y la sucesión en la presidencia del INE definirá quién negocia, con qué margen, la homologación de compras y la coordinación fiscalizadora con los OPLE y la ASF.

Actualización

El hecho nuevo especifica que la recomendación de fiscalización y auditorías de campo, propuesta por el OIC del INE en la historia previa, es ahora solicitada formalmente por el OPINE para combatir el proselitismo anticipado. Leer el nuevo desarrollo.