OPINE pide al INE auditorías de campo contra proselitismo anticipado

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) recomendó al Instituto Nacional Electoral (INE) reforzar la fiscalización de los gastos de proselitismo anticipado mediante auditorías de campo inmediatas, con el propósito de detectar irregularidades y evitar que las ventajas indebidas condicionen la contienda. La recomendación forma parte del primer informe del organismo sobre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, presentado en un contexto que el propio observatorio describe como de incertidumbre institucional.

La propuesta no es un trámite menor. El OPINE plantea que la revisión de gastos no se limite a la documentación que los partidos y aspirantes entregan después, sino que incluya verificación en territorio mientras ocurren los actos que se busca medir. En su informe, el observatorio también pidió verificar que las y los funcionarios de casilla no tengan vínculos con gobiernos o partidos, establecer criterios públicos y uniformes para el cómputo de los votos y fortalecer la rendición de cuentas en la designación de funcionarios electorales.

El documento revisa resoluciones del Consejo General del INE y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitidas durante 2026, e identifica patrones de votación dividida en asuntos relevantes para la integridad electoral. También documenta vacantes en la Sala Superior del TEPJF, en tribunales electorales locales y en organismos públicos locales electorales, además de cambios en áreas directivas del INE y presiones presupuestales, particularmente en el ámbito local.

"Consideramos fundamental reforzar la fiscalización de los gastos de proselitismo anticipado mediante auditorías de campo inmediatas", sostiene el OPINE en el texto, donde aclara que alertar sobre riesgos no equivale a anticipar una catástrofe electoral.

La lectura política

El momento de la recomendación es lo que le da peso. El OPINE pide auditorías de campo cuando el calendario ya no deja mucho margen: las precampañas están previstas para iniciar el 4 de enero de 2027 y el TEPJF aún debe resolver impugnaciones relacionadas con actos anticipados de campaña. Si esas resoluciones llegan después de que los actos ocurrieron, la sanción puede convertirse en un costo tardío sin efecto real sobre la competencia.

La fiscalización de gastos es una de las palancas menos visibles y más decisivas del arbitraje electoral. Un aspirante que opera como precandidato de facto sin registro formal puede acumular exposición, recorridos y estructura sin que el gasto aparezca con claridad en los reportes. La auditoría de campo busca cerrar esa brecha entre lo que se gasta y lo que se declara, y desplaza la carga de la prueba hacia la verificación en territorio. En la práctica, funciona como un intento de impedir que la ventaja se consolide antes de que exista un marco formal que la regule.

El informe también envía una señal a los partidos: ninguno queda exento. Al documentar votaciones divididas en el INE y en el TEPJF, el OPINE sugiere que la inconsistencia de criterios no es un problema de una sola fuerza política, sino un riesgo sistémico que puede erosionar la credibilidad de las resoluciones. Esa lectura apartidista es relevante porque coloca la discusión en el terreno de la equidad de la contienda, no en el de la queja de un actor derrotado.

El límite es claro: el OPINE es un observatorio ciudadano, no una autoridad. Su recomendación no obliga al INE ni modifica por sí misma el marco de fiscalización. Lo que hace es fijar una agenda verificable y poner presión pública sobre el árbitro para que explique qué hará con ella.

Qué sigue

El INE deberá pronunciarse sobre la propuesta en sus próximas sesiones de Consejo General, sin que el informe fije una fecha. El TEPJF tiene pendiente resolver las impugnaciones por actos anticipados antes del 4 de enero de 2027, fecha prevista para el inicio de las precampañas. El OPINE anunció seguimiento puntual a las decisiones y resoluciones de las autoridades electorales. La pregunta que queda abierta es si la fiscalización llegará a tiempo o si, como advierte el observatorio, la confianza democrática se habrá deteriorado antes del conteo del último voto.