PRI propone quitar al INE la facultad de nombrar y remover personal

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anunció la presentación de una iniciativa para retirar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) las atribuciones de nombrar y remover funcionarios de primer nivel. La propuesta no es un ajuste técnico: toca el punto donde una reforma de 2024 concentró decisiones que antes pasaban por el Consejo General, y lo hace mientras Morena defiende ese diseño y el PAN exige revertirlo.

Añorve sostuvo que los cambios impulsados por Morena rompieron los equilibrios institucionales y contribuyeron a una crisis de credibilidad del árbitro electoral. Su planteamiento es regresar al esquema anterior, en el que los nombramientos de titulares de la estructura administrativa y unidades técnicas, incluida la Secretaría Ejecutiva, requerían acuerdo colegiado. La iniciativa se anuncia, no se ha dictaminado ni votado.

El origen del conflicto está en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que en 2024 permitió a la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei designar y remover directamente a esos cargos sin consultar ni obtener aprobación del Consejo General. El senador de Morena Pável Jarero, identificado como impulsor de ese cambio, defendió la medida y dijo no arrepentirse: argumentó que buscaba evitar controversias internas y facilitar la integración del equipo de quien presidiera el instituto.

Del otro lado, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió restablecer los contrapesos internos y acusó a Morena de haber concentrado el poder en una sola persona. Anaya advirtió que la ausencia de controles facilitó presuntas irregularidades administrativas y demandó investigaciones, sanciones y una reforma que devuelva al Consejo General su participación en los nombramientos. Son acusaciones políticas; no consta en la evidencia una resolución judicial o administrativa que las acredite.

La lectura política

La iniciativa del PRI funciona, en la práctica, como un posicionamiento de cara a 2027 más que como una reforma con ruta legislativa clara. Morena y sus aliados tienen mayoría para definir la agenda del Senado, de modo que una propuesta opositora sobre el árbitro electoral difícilmente avanza sin negociación. Lo que sí consigue es fijar tema: coloca al PRI del lado del contrapeso institucional y obliga a Morena a defender un diseño que su propio autor justifica con argumentos de eficiencia administrativa.

El cálculo tiene dos destinatarios. Hacia afuera, el PRI busca desmarcarse de la etiqueta de partido que avaló la concentración de facultades y presentarse como garante de la equidad electoral. Hacia adentro, Añorve necesita un tema de perfil alto: en septiembre acusó de “censura” al INE luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenara retirar publicaciones que vinculaban a Morena con el narcotráfico. Ese antecedente muestra que el PRI ya había elegido al árbitro electoral como blanco recurrente; ahora cambia la acusación por una propuesta institucional.

El punto sensible es que la discusión sobre quién nombra a los funcionarios del INE ocurre antes de que arranque formalmente el proceso electoral de 2027. La presidencia del instituto y su estructura administrativa son piezas que inciden en la organización de comicios, la fiscalización y la operación de los órganos desconcentrados. Quien controle esos nombramientos gana margen de maniobra operativo; quien los pierde, pierde capacidad de interlocución. Por eso la pelea no es solo jurídica: es una disputa por la forma en que se reparte el poder dentro del árbitro.

Conviene precisar el límite. No existe una candidatura en juego ni una precandidatura de facto en esta iniciativa; lo que hay es un posicionamiento legislativo con efecto electoral indirecto. La reforma de 2024 sigue vigente y la propuesta del PRI no ha sido presentada formalmente, según la evidencia disponible. Tampoco hay indicio de que Morena acepte revisar el diseño que defiende.

Qué sigue

La iniciativa debe presentarse formalmente en el Senado y, si se admite, turnarse a las comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos, donde se definirá si se convoca a parlamento abierto o se dictamina sin mayor discusión. No hay fecha confirmada en la evidencia. En paralelo, queda por ver si el PAN se suma a la propuesta del PRI para formar un bloque opositor común o si cada partido presenta su propia iniciativa, lo que dispersaría la presión. También está pendiente saber si Morena responde con una contrapropuesta o si simplemente deja morir el tema en comisiones. El plazo relevante es el calendario del proceso electoral de 2027: cualquier cambio al gobierno interno del INE tendría que resolverse antes de que arranquen las precampañas para tener efecto práctico.