Romero exige cuentas del INE y presiona el relevo rumbo a 2027

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, publicó el 28 de octubre de 2026 una columna en la que exigió esclarecer las responsabilidades por las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los vínculos con proveedores, de cara a las elecciones de 2027. La intervención ocurre tres días después de que Guadalupe Taddei anunciara su renuncia a la presidencia del organismo, y a un día de que el PAN exigiera a la Cámara de Diputados publicar la convocatoria para elegir a su relevo.

Romero sostuvo que la confianza en el árbitro electoral no se recupera con una renuncia, sino con documentos y cuentas claras. En su texto, el dirigente panista enumeró los casos que, según investigaciones periodísticas, involucran a contratistas y funcionarios del instituto: el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a Cajas Graf y Corporativo ZEG; Jonathan Navarrete Torres, señalado como trabajador adscrito a la Presidencia y apoderado de Corporativo ZEG; y Jesús Octavio García González, antiguo representante de empresas proveedoras que ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga una presunta simulación de competencia y movimientos financieros irregulares en esa red de proveedores.

El texto también cuestiona el debilitamiento de los controles internos. En octubre de 2024, la mayoría legislativa de Morena otorgó a la Presidencia del INE facultades para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, lo que redujo la intervención del Consejo General. Romero advirtió que cambiar a una persona y conservar ese esquema dejaría intacta una de las causas del problema. La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre las contrataciones, y el panista pidió que tenga acceso a toda la documentación sin obstáculos.

La columna no es un texto aislado. El 25 de octubre, el PAN anunció que solicitaría la destitución de Taddei y una revisión de contratos y nombramientos. Ese mismo día, tras conocerse la renuncia, Romero afirmó que Morena no puede lavarse las manos. El 27 de octubre, el partido exigió a la Cámara de Diputados publicar la convocatoria para el relevo. La columna del 28 cierra una secuencia de cuatro días en la que el PAN ha colocado el tema del INE en el centro de su agenda pública.

La lectura política

El movimiento de Romero cumple una función práctica: instalar la transparencia del árbitro electoral como condición política del relevo, antes de que el Congreso defina a la nueva presidencia. No es una candidatura ni una precandidatura; es un posicionamiento partidista que busca fijar los términos del debate y limitar el margen de maniobra de Morena en la designación.

El incentivo es doble. Por un lado, el PAN capitaliza el desgaste del INE tras la renuncia de Taddei y se presenta como defensor de la autonomía electoral, un bandera que le permitió movilizar votos en 2023 y 2024. Por otro, presiona para que la investigación de la ASF y las pesquisas de la UIF no queden archivadas con la salida de la presidenta. La exigencia de cuentas funciona como una forma de mantener abierto el conflicto y de condicionar el perfil del próximo consejero presidente.

El equilibrio interno del partido también cuenta. Romero combina esta ofensiva nacional con la organización territorial rumbo a 2027: el 25 y 26 de octubre entregó nombramientos de coordinadores estatales y municipales en Querétaro, incluido el de Felipe Fernando Macías Olvera como coordinador de la "Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad", una figura que en la práctica opera como antesala de la candidatura a la gubernatura. La agenda del INE le permite al dirigente aparecer en el plano nacional mientras ordena su estructura en el territorio.

La señal para aliados y adversarios es clara: el PAN no aceptará un relevo que se limite a sustituir a una persona sin tocar el esquema de concentración de facultades. Para Morena, la exigencia panista complica la negociación en la Cámara de Diputados, donde la convocatoria y el proceso de designación están en sus manos. Lo que falta por definirse es si la presión del PAN se traduce en un proceso más transparente o en un nuevo punto de fricción entre los partidos.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debe publicar la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, paso que el PAN ya exigió formalmente. La Auditoría Superior de la Federación tiene en curso una investigación de oficio sobre las contrataciones; sus resultados y el acceso a los expedientes serán un primer termómetro. La UIF mantiene abierta la pesquisa sobre la red de proveedores. El relevo en la presidencia del INE deberá apegarse al procedimiento legal y garantizar la continuidad de los trabajos rumbo a 2027.